Marciano Millán Vázquez, supuesto líder de la organización criminal Los Zetas, enfrenta un juicio penal en Texas, Estados Unidos, donde para su defensa presentó una resolución judicial y un acta notarial que demuestra que en México fue exonerado por los delitos por los que se le enjuicia.
El juzgado de los Estados Unidos sostiene cargos por delitos de narcotráfico, corrupción de menores, posesión de armas y asesinato contra Millán Vázquez, esto tras su detención en 2015.
El pasado cuatro de julio, una Corte de Texas comenzó el juicio donde se le acusa de traficar drogas para el grupo criminal Los Zetas, además por asesinar a por lo menos cinco personas, juicio que busca frenar por medio de este documento, según información del portal Animal Político.
La supuesta prueba de Millán Vázquez demuestra la resolución de un Tribunal de Justicia mexicano donde se le exoneró por los delitos de posesión de marihuana y rifles de alto calibre, cargos por los que fuera detenido en 2013.
En primera instancia, el Juzgado Primero de Distrito de Sonora lo sentenció, pero un Tribunal determinó que no existían pruebas suficientes para determinar su responsabilidad penal por los hechos. También, en una declaración notarial de la Comisión de Seguridad del Estado de Coahuila, afirma que Millán no tiene antecedentes penales.
La defensa del supuesto líder de Los Zetas sostiene que las resoluciones y documentos emitidos en México contradecían las versiones de la Corte de Estados Unidos, en sentido en que Millán Vázquez es un miembro de alta jerarquía de la organización criminal.
Xavier Rodríguez, Juez del caso, determinó que en las pruebas presentadas por la defensa no se estableció si cometió o no los actos en territorio estadounidense.
“La declaración de no culpable por parte de un Tribunal mexicano no tiene consecuencia en determinar la acción en los Estados Unidos”, señaló el Juez.
En este mismo juicio, Rodrigo Tapia Uribe, exlíder financiero de Los Zetas y testigo de la Corte de los Estados Unidos, acusó a Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila de recibir millones de dólares de la organización para dejarlos operar en el estado.
POB/JS
