Una comisión de mujeres transexuales acudió a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla para pedir su intervención en tres temas: los crímenes de odio contra la comunidad Lésbico Gay Bisexual Transexual Transgénero Travesti e Intersexual (LGBTTTI), las reformas al Código Civil para el matrimonio igualitario y el reconocimiento de la identidad sexogenérica, así como capacitación a funcionarios públicos para que no se les discrimine o agreda.
Gabriela Chumacero Rodríguez, integrante de la comisión, dio a conocer durante una entrevista, que de 2000 a la fecha han contado 52 asesinatos de personas homosexuales, transexuales y trabajadoras sexuales. Sin embargo, solo en dos casos se detuvo a los presuntos responsables.
Mencionó que a pesar de que ocho transexuales tramitaron sendos amparos para que se reconozca su nueva identidad, los procesos se han retardado y por la vía legislativa la propuesta para que se les permita el cambio de nombre en el Código Civil está detenida desde 2013.
En el tema de matrimonio igualitario, se les informó que el gobierno de Puebla se amparó para que no se apruebe en el Congreso el matrimonio igualitario, esto a pesar de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) y del mandato presidencial.
Abundan crímenes de odio
A raíz del asesinato violento de la activista Agnes Torres en marzo de 2012, en junio de ese mismo año el Congreso poblano aprobó la modificación en el Código de Defensa Social, en sus artículos 323 y 330 Bis, para incorporar el concepto “crimen de odio” como agravante de un asesinato por género o por preferencia sexual.
Sin embargo, la tipificación del delito no ha servido para frenar los homicidios. La organización “Vida Plena” contó de manera hemerográfica 18 casos de 2013 a julio de 2015. En tanto que la organización “Letra S” señala que suman 47 crímenes de odio de 1995 a abril de 2016, de los cuales 15 corresponden a personas transexuales.
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De acuerdo con Gabriela Chumacero, tan solo en 2016 suman siete crímenes de odio contra la comunidad LGBTTTI de Puebla, por ello solicitaron una mesa de trámite con los fiscales de Derechos Humanos y de Género, de la FGJ, para que les digan cuántos casos hay resueltos y cuántos están siguiendo.
No hay investigación, a veces no se procede porque tanto la Fiscalía presiona a los familiares, son muchos trámites y los mismos familiares de las chicas trans han dicho: así lo dejamos. Pero nosotras como grupo y asociación de personas transgénero en Puebla queremos que esos casos se aclaren. A penas de todos los casos en tantos años van dos resueltos”.
Buscan se reconozca su identidad
Otro de los puntos por los cuales buscaron el apoyo de la CDH, es por la falta de reformas en el Código Civil para que se reconozca la identidad sexogenérica de las personas transexuales y el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Chumacero Rodríguez comentó que al momento, se conoce de cinco mujeres y tres hombres transexuales que se han amparado para que se les permita cambiar de nombre de acuerdo a su nueva identidad, pero ha pasado un año sin que alguno de los casos se resuelva de manera favorable.
Más allá de los litigios, la comisión busca que se legisle a favor del reconocimiento de su identidad sin mayor dilación, pues desde 2013, organizaciones sociales llevaron una iniciativa, conocida como “Ley Agnes”, al Congreso para que se aprobara el cambio de identidad pero dicha propuesta no se ha discutido.
Foto: Agencia Enfoque.
Socorro Quezada Tiempo, diputada perredista, volvió a presentar este año la “Ley Agnes”, llamada así por ser la principal lucha de Agnes Torres, aunque tuvo el apoyo de legisladores del Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo, su discusión se ha aplazado.
Durante la reunión, se les informó que el gobierno de Puebla se amparó para que el Código Civil no se cambie en Puebla, situación que sería inconstitucional, toda vez que la SCJN ya sentó jurisprudencia en la materia diciendo que los códigos donde el matrimonio se limite a la unión de hombres y mujeres con fines de reproducción son discriminatorios.
Víctimas de discriminación
Otro de los puntos es discriminación y vejaciones que sufren las personas transexuales. Desde la perspectiva de Gabriela Chumacero, en últimas fechas la comunidad ha resentido más la violencia y discriminación por parte de las autoridades, ya que en el sector Salud no se les atiende o reciben malos tratos.
Dijo que los policías municipales agreden y extorsionan a las trabajadoras sexuales cuando hacen operativos, aunado a la violencia que sufren se les impone una multa de más de 7 mil pesos.
La multa es excesiva (por la falta administrativa de prostitución), el salario mínimo está en 70 pesos, y las multas van de uno a 100 salarios mínimos, nos están poniendo la máxima que son 100 salarios mínimos, una multa de 7 mil 100 pesos”, agregó.
En respuesta a la solicitud de información folio 00085014, hecha por esta reportera, de 2011 a septiembre de 2014 se remitieron al juez calificador del municipio de Puebla 1,770 mujeres y 722 hombres por prostituirse en la vía pública. En ese mismo periodo el ayuntamiento recaudó 260, 077 pesos por el pago de multas.
Ante estas situaciones solicitaron capacitación para los funcionarios públicos en derechos humanos y perspectiva de género.
POB/LFJ
