En febrero, Andrés Galicia López y Humberto Galicia Escárcega, alcaldes de los municipios de Soltepec y Mazapiltepec, respectivamente, presentaron controversias constitucionales por la creación del Organismo Público Descentralizado en la Ciudad Modelo de Audi.
Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó suspender la construcción de la Ciudad Modelo, los alcaldes temen que el gobierno estatal emita órdenes de aprehensión en su contra.
El Congreso de Puebla aprobó a finales de enero un decreto presentado por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, donde se crea un Organismo Público Descentralizado (OPD), el cual administrará los servicios, expedirá licencias de construcción y administrará los recursos de los municipios que abarca la Ciudad Modelo: San José Chiapa, Nopalucan, Soltepec, Mazalpiltepec y Lara Grajales por 30 años.
Dicho organismo puede proporcionar los servicios a través de terceros, lo cual generó la molestia de los pobladores de Soltepec y Mazapiltepec debido a que abre la puerta a la privatización.
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Durante una rueda de prensa, los presidentes municipales de Soltepec y Mazapiltepec, a través de su representante legal, Lucio Ramírez Luna, dieron a conocer su preocupación ante la posibilidad de que el gobierno estatal les fabrique un delito y los arreste para que la controversia constitucional no siga.
La alerta se prendió cuando Leobardo Soto Martínez, diputado local, dijo que en dichos municipios operan bandas dedicadas al robo de hidrocarburo, las cuales presionan a las empresas y sindicatos de la zona Audi para que compren combustible robado.
El también dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) agregó que estos grupos delincuenciales quieren intervenir en el proyecto, a la par que han frenado la construcción de la autopista Cuacnopalan-Cuapiaxtla-Tlaxcala.
Ante esta posibilidad Lucio Ramírez, abogado que frenó la obra del Teleférico en el centro de Puebla, aseguró que se tomarán las medidas legales para evitarlo.
Decreto sin sustento
En cuanto al aspecto legal, Lucio Ramírez sostuvo que el decreto que aprobó el Congreso de Puebla el 27 de enero carece de sustento, ya que no tiene que ver con el convenio que firmaron los ediles en octubre de 2015.
De acuerdo con un decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 9 de octubre de 2015, el convenio los municipios de la zona Audi “tiene por objeto establecer las bases de coordinación y colaboración para que el Gobierno del Estado proporcione al Municipio, de manera permanente, el apoyo técnico necesario, a fin de garantizar el cumplimiento de las atribuciones específicas en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial”.
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En el documento no se habla de que un Organismo Público Descentralizado administrará los servicios y otorgará las licencias de construcción, a la par de que operará con los las aportaciones, participaciones, subsidios, transferencias y apoyos que le otorguen los gobiernos federal, estatal y municipal.
El representante legal comentó que además de que el decreto violenta el artículo 115 constitucional, afecta de manera directa a los pobladores, debido a que si el gobierno municipal no administrará los servicios no contará con recursos para ejecutar la obra pública que las comunidades requieran.
Por ello, a la par de la controversia constitucional, que se resolvería de diez a 12 meses, los habitantes de los dos municipios interpondrán amparos contra la creación del OPD.
Por su parte la señora Rocío Hernández, pobladora de Soltepec, dijo que no es que las comunidades se opongan al progreso, como en su momento lo dijo el diputado Jorge Aguilar Chedrahui, sino que no están a favor de la pérdida de autonomía municipal y de que se privaticen los servicios.
Se generaría pobreza
Más allá de las afectaciones a la autonomía municipal, para Alejandro Chávez Palma, economista de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la creación del OPD podría generar pobreza en la zona, debido a que la actividad agropecuaria, de la cual vive buena parte de la población, quedará relegada.
Este lunes ejidatarios de Soltepec se manifestaron debido a que la construcción de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan obstruye el acceso a sus predios, por ello exigieron que se construyan puentes para que puedan trasladar su ganado y mercancía.
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El doctor en Economía comentó durante una entrevista telefónica que San José Chiapa, Nopalucan, Soltepec, Mazalpiltepec y Lara Grajales son municipios de marginación media a alta, aunque su situación podría empeorar debido a que la llegada de Audi elevará los costos sobre la tierra, por lo cual se verán obligados a vender.
De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ocho de cada diez habitantes de Soltepec y Mazalpiltepec vive en condiciones de pobreza, mientras que en San José Chiapa es el 78.2% de la población; en Nopalucan, el 67.9%, y en Rafael Lara Grajales, el 57.7%.
Otra cuestión es que los recursos municipales se verán restringidos para beneficiar a la industria automotriz y a la Ciudad Modelo, ampliando las carencias del resto de la población.
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POB/LFJ
