Las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para enero de este 2017 indican que, por primera vez, municipios del denominado Triángulo Rojo registraron más homicidios que la capital. Se cometieron dos asesinatos en la metrópoli, mientras que en Tepeaca y Quecholac se contabilizaron seis y cinco, respectivamente.
El número de homicidios es sintomático de un problema que ha crecido en el estado: la delincuencia organizada alrededor del robo de combustible. Grupos de delincuentes se dedican a extraer gasolina de los ductos, al tiempo que se enfrentan con autoridades y civiles.
Basta la siguiente estadística para dimensionar la crisis de seguridad. Del 2015 al 2016, las tomas clandestinas de combustible se multiplicaron en un 85.6%. Petróleos Mexicanos (Pemex) identificó 826 tomas en el 2015 y más de 1,500 en el último año. Esto explica una criminalidad cada vez más rampante.
Enfrentamientos y estrategia de seguridad
La noche del pasado 24 de enero, alrededor de 15 huachicoleros –nombre con el que se conoce a los que roban combustible– acudieron a una base militar en Acajete para balearla. No hubo muertos, pero una patrulla de la policía municipal terminó dañada.
A este choque se suman otros. En Acatlán de Osorio, dos policías municipales resultaron heridos de bala cuando se encontraban vigilando la localidad el 20 de febrero. Los agentes fueron llevados al hospital y a los pocos días elementos del ejército ya recorrían Acatlán.
Así, los brotes de violencia han motivado una respuesta desde el Estado. ¿Cuál? La creciente presencia de las Fuerzas Armadas cumpliendo con funciones de seguridad pública que, en circunstancias normales, corresponderían a los cuerpos policiacos.
Jesús Morales Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), confirmó este lunes 13 de marzo la incorporación de 500 soldados a las calles de los municipios que integran el Triángulo Rojo.
Morales Rodríguez negó que Puebla se esté militarizando. Él argumentó que los soldados de la 25 Zona Militar únicamente realizan actividades de apoyo, pero su proliferación apunta hacia una suplencia de la policía.
Al final, son los militares quienes intentarán imponer el orden en la región. Este orden hace falta de acuerdo con los últimos incidentes. Vale la pena hacer el recuento.
Los delitos
Un comando entró al Hotel Karina de Esperanza, en el oriente de Puebla, y secuestró a ocho hombres. Se desencadenó una balacera y el hotel se llenó de sangre. Los secuestrados, que habían estado hospedados en el hotel por dos semanas, vestían frecuentemente con el uniforme de la Policía Federal.
En esa misma fecha, el jueves 2 de febrero, los cuerpos aparecieron en una camioneta abandonada en Nogales, Veracruz. Después, se supo que los fallecidos eran “madrinas” gracias a los testimonios de los familiares.
Es decir, se trataba de hombres que no pertenecían a la policía, pero que sí trabajaban para un comandante que los explotaba. Las víctimas estaban encargadas de inspeccionar vehículos, decomisar combustible, armas y drogas.
Otro acontecimiento implicó a Filomeno Cruz Gutiérrez, alcalde de San Salvador Huixcolotla. Era el 8 de marzo y la atención mediática giraba en torno a los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer.
De repente, por la mañana, explotó la noticia: En una ambulancia adscrita a Huixcolotla, policías federales encontraron 720 litros de gasolina de procedencia ilícita. La policía se dio cuenta de que el vehículo no tenía placas y de que estaba cubierto por rotativas desactualizadas, propias del gobierno de Mario Marín Torres (2005-2011).
Bajo sospecha, el conductor de la ambulancia mostró un permiso firmado por Cruz Gutiérrez, sin validez en el momento pero vigente unos cuantos días antes. El gobierno de Huixcolotla emitió un comunicado la noche de ese miércoles.
En el texto, el alcalde afirma que él no conocía que la ambulancia se utilizaba para transportar combustible robado. Cruz Gutiérrez dijo que extendió un permiso para que se trasladara en el vehículo a un atleta de alto rendimiento y justificó que la ambulancia no funcionara para los enfermos debido a la falta de equipo médico.
El 9 de marzo la escalada de violencia fue histórica. Sicarios de una división de Los Zetas asesinaron a tres agentes de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI) en San José Cuyachapa.
La brutalidad de los sicarios llevó a la acción a la SSP. Con ayuda de la Gendarmería y la Marina, 500 elementos emprendieron un operativo en tres locaciones distintas: San José Cuyachapa, Atzitzintla y La Encrucijada.
En total, 87 personas presuntamente vinculadas con la red criminal del huachicol fueron detenidas. 87 personas manejando el robo de combustible a lo largo de 33 kilómetros del Triángulo Rojo. Entre ellas, figura José Isaías Velázquez Reyes, presidente municipal de Atzitzintla.
Con redes así de extensas tiene sentido el reclamo de José Antonio Quintana Gómez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Puebla. Recientemente, denunció que el huachicoleo está rompiendo con el tejido social. ¿Cambiarán las cosas con la nueva administración estatal?
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POB/LFJ
