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Como es del conocimiento público, los diputados priistas le exigieron a José Antonio Gali, gobernador del Estado, que la reducción del impuesto sobre nómina al 2% comience desde este 2017, en lugar de 2018, como aquél anunció.

Tal propuesta nos parece totalmente insignificante : lo que deberían exigir, al igual que todos los partidos presentes en el Congreso, sería revisar el fideicomiso firmado por el gobierno de Rafael Moreno Valle con Evercore, con el objeto de evitar la sangría que el mismo implicará para las finanzas de Puebla en los próximos 50 años.

Desde 2016, el diario Reforma, en un reportaje publicado el 2 de febrero (que llevaba como título “Hipoteca Puebla el Gobernador”), señaló:

La administración de Rafael Moreno Valle comprometió lo que se recaude vía el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal de los próximos 8 gobiernos estatales (…) El mandatario se comprometió a enviar todos los ingresos de este impuesto que obtenga su administración y lo que recauden los gobiernos que le sigan, a un fideicomiso administrado por la empresa Evercore, propiedad del ex Secretario de Hacienda, Pedro Aspe. No obstante, desde el momento en que los recursos que tributan los poblanos entran en ese fideicomiso, no hay manera de que el ciudadano pueda seguirles el rastro. Porque, de acuerdo con la ley, estos fideicomisos no forman parte de la Administración Pública Descentralizada de Puebla, sino que tienen carácter privado y no están sujetos a las obligaciones de transparencia” (Reforma, Gonzalo Soto y Francisco Rivas, 2 de febrero de 2016).

El objeto del fideicomiso, tal como se establece en el contrato, con fecha 29 de noviembre de 2012, es la administración de esos recursos, los cuales se usarán para el pago a proveedores y contratistas del Estado de Puebla. Es decir, Evercore no fue contratada para financiar con estos recursos proyectos de inversión, sino únicamente para la administración.

Ahora bien, diversos investigadores sostienen que se torna preciso revisar ese tipo de fideicomisos, a la luz de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Así, Oscar Arredondo Pico, que participó en el grupo de organizaciones consultadas para crear dicho sistema dice:


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Una de las responsabilidades que debe asumir esta nueva entidad es revisar el papel de las consultoras en la generación de las deudas públicas de los estados, entre las que la de Puebla destaca por la cantidad de pasivos ‘ocultos’ a la Federación” (Vid. Portal Sin Embargo, 28.03.2017, investigación de Sandra Rodríguez Nieto).

Una de las principales tareas que tiene que realizar el Sistema Nacional Anticorrupción, cuando esté el Comité Coordinador, debe ser el analizar de manera detallada los conflictos de interés relacionados con los grandes problemas del gasto público y que involucran deudas importantes, como el caso de los pasivos que no se revelen a partir de estos esquemas que diseña Evercore. Es un asunto que no se puede soslayar”.

La deuda pública del estado de Puebla y la participación de la consultora Evercore son objeto de escrutinio para diferentes investigadores académicos desde que, en 2012, se aprobara el Fideicomiso 144 que para financiar diversas obras, recibirá por años el dinero que se recaude por Impuesto Sobre Nómina.

Una de las observaciones que han desprendido dichos investigadores es el hecho de que los acuerdos de Evercore con los diversos gobiernos estatales con los que han establecidos fideicomisos –como sucedió en Puebla– generan “conflictos de interés”.

¿Por qué? Porque la gente de Evercore es gente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, personeros del Gobierno Federal, comenzando por el actual canciller de México, Luis Videgaray, quien llegó a tal empresa invitado por Pedro Aspe Armella. Siendo aquél Secretario de Hacienda, invitó a colaborar con él a Fernando Aportela, convirtiéndolo en subsecretario. Éste jugó un papel fundamental en el fideicomiso que firmó el gobierno de Rafael Moreno Valle con Evercore, tal como consta en la documentación correspondiente.

Así las cosas, en síntesis, hay razones que nos llevan a pensar que sí se debe y se puede –reiteramos– revisar el fideicomiso 144 y en esto podría jugar un papel relevante el actual ejecutivo estatal, Antonio Gali, siempre y cuando esté dispuesto a quitarse la tutela de Moreno Valle.

Mientras tanto, los poblanos deberíamos preguntarnos lo siguiente: ¿por qué tiene que recaudar un fideicomiso privado el dinero de los impuestos para pagar obras que no son prioridad como el Museo Barroco de Puebla (que bajo este esquema costará alrededor de 27 mil millones de pesos)?

POB/FOL

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