Inseguridad y corrupción son dos de los graves problemas que hereda Antonio Gali Fayad. Lo escribí hace algunas semanas cuando el actual gobernador recibía la estafeta del gobierno de Puebla. Y de inmediato puso manos a la obra en el asunto de la inseguridad.

Ahora, en una alianza con la COPARMEX, inicia la campaña #YoNoDoyMordida. Es de entrada una campaña mediática. Insuficiente. La corrupción penetra las raíces de la esencia mexicana; desde siglos atrás.

Y no basta una campaña publicitaria. Y no solo deben participar gobierno y empresarios. Es insuficiente y dará pobres resultados.

Hicieron falta las universidades, ONG’s, sindicatos, partidos políticos, medios de comunicación, comerciantes, Congreso local, ayuntamientos. Sumar a organizaciones representativas de la sociedad que además de impulsar la campaña mediática, derramaran hacia abajo, hacia sus comunidades, la necesidad de combatir ese letal fenómeno social: corrupción.

En octubre del 2016 el Congreso de Puebla aprobó el Sistema Estatal Anticorrupción y tomó una medida que en esencia consiente a la corrupción: los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa podrán ejercer su cargo 15 años.

Puebla se encuentra en el top ten de la corrupción en México: por cada 100 mil habitantes se registran 30 mil casos de corrupción, según datos del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC).

En mayo del 2015 el Congreso de Puebla se adhirió a 23 estados de la República que aprobaron los cambios constitucionales del Sistema Nacional Anticorrupción, para fortalecer a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación. 

Y no se ven resultados.

Puebla es el sexto estado del país donde los habitantes piensan que existe más corrupción, señala el estudio “México: Anatomía de la Corrupción”, presentado el 20 de mayo de 2015, por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas AC (CIDE).

Nueve de cada diez poblanos perciben cotidianamente la corrupción de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013, donde se detalla que 91.5% de los poblanos mayores de 18 años perciben la corrupción en el estado.

El problema no es sencillo; en su combate hacen falta más participantes.

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