Coincido totalmente con el senador Luis Miguel Barbosa al señalar que lo sucedido en Palmarito “va a provocar un ambiente de descontento y de rechazo sobre el comportamiento militar en acciones de seguridad pública”.

Aunque antes de dicha tragedia ya se palpaba un gran nerviosismo en amplios sectores de la sociedad poblana por la decisión del gobernador Antonio Gali de invitar al Ejército a hacerse cargo de la seguridad pública en la entidad, lo cierto es que ello no pasaba de algunas advertencias aisladas y reclamos, principalmente por parte de algunas organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Empero, a partir del execrable hecho de Palmarito, ahora sí ciertamente se palpa –como observa Barbosa– un notable rechazo social a la participación del Ejército en la seguridad estatal.

Pese al esfuerzo desesperado de Javier Alarcón Lozano, el vocero oficial, de justificar al Ejército, arguyendo que éste fue el agredido, lo cierto es que sus palabras han caído en el vacío : todo mundo sabe que aquél no es sino un testaferro al servicio del poder.

El video en el que aparece un militar asestándole un tiro de gracia a un individuo completamente indefenso ha recorrido al país y al mundo, provocando un verdadero escándalo. Mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), como acostumbra, se lavó las manos (lo cual no es de extrañar, ya que desde el sexenio de Rafael Moreno Valle se convirtió en algo semejante a una paraestatal), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado en el que subrayó la gravedad de lo sucedido, decidiendo además enviar visitadores para iniciar una investigación a fondo.

Tal como señalaron en la revista Proceso diversos activistas pro derechos humanos, los videos del enfrentamiento entre militares y huachicoleros en Palmarito, Puebla “sólo evidencian la barbarie con la que actúa el personal castrense. Parece que se apegan a un guion: primero atacan, luego alteran el escenario y difunden su versión oficial. Sólo que en éste, como en los últimos casos, los videos grabados los delatan. ¿Qué falta para que la Corte Penal Internacional voltee los ojos hacia la tragedia humanitaria mexicana?, se pregunta uno de los activistas entrevistados” (Vid. Proceso, 13 de mayo de 2017. Nota de Gloria Leticia Díaz).

Cuando se divulgaron los videos en las redes sociales, la Sedena emitió un comunicado en el que cuestionó su autenticidad y emplazó a la Procuraduría General de la República (PGR) a verificarla una vez que intervino en el caso, ocho días después del enfrentamiento. Lo cierto es que todo indica que los videos son auténticos, razón que ha llevado a las autoridades castrenses ha difundido la especie de que “la ejecución extrajudicial de un civil por parte de un soldado fue de motu propio y no derivado de una orden superior”. La justificación fue que las tropas actuaron así porque estaban “bajo estrés”.


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Tal versión es inaceptable, máxime tomando en consideración que el individuo asesinado estaba completamente indefenso (se ha difundido, incluso, por un diario local, que éste no era un “huachicolero”, sino un campesino que se encontró en el lugar de los hechos, como suele decirse, a la “hora y el sitio equivocado”. Esperamos que esto se investigue más a fondo).

¿Cuál es la lección que se desprende de ese hecho fatídico? Que el Ejército no está diseñado para convertirse en garante de la seguridad pública: lo está para garantizar la defensa del país en caso de una invasión por una potencia extranjera.

En ese sentido, el verdadero culpable de lo sucedido no son estrictamente hablando tales o cuales miembros del Ejército, sino las autoridades –como sucede en Puebla– que han decidido involucrarlo en una tarea que le corresponde al poder civil.

Por ello reviste una fundamental relevancia que nuestros legisladores rechacen el proyecto de ley que pretende convertir a las fuerzas armadas en las garantes de la seguridad pública.

POB/FOL