Defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas son espiados por el gobierno de Enrique Peña Nieto con un equipo de tecnología utilizado para investigar a criminales y terroristas, informa el diario The New York Times.
El reportaje señala que entre los defensores están los abogados que investigan la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, activistas que impulsan la ley anticorrupción y los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola.
De acuerdo con la investigación, desde 2011, tres secretarías federales han gastado 80 millones de dólares (1.4 billones de pesos) en programas de espionaje de la empresa israelí NSO Group.
A través del software Pegasus, que se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos, se monitorea la actividad diaria de la persona; escuchan sus llamadas, leen sus mensajes de texto, correos electrónicos y pueden acceder a sus contactos y calendarios.
De los mensajes examinados por The New York Times y analistas, el software ha sido implantado para vigilar a algunas de las personas que han sido “más críticas del gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven como un intento para debilitar e intimidar a la gente”.
Por ejemplo, para implantar el software en el teléfono de Carmen Aristegui, un operador se hizo pasar por la embajada de Estados Unidos en México y pidió dar clic en un enlace donde vería un supuesto problema con su visa.
“Se trata de un acto de venganza por el reportaje de la Casa Blanca”, dice Aristegui sobre la vigilancia de la que es objeto. En entrevista con el diario, dijo que desde 2015 ha recibido mensajes de texto de números desconocidos en el que le piden dar clic en un enlace. En los mensajes se le pide ayuda para encontrar a un menor desaparecido; otro era una alerta sobre cargos desconocidos a su tarjeta de crédito y en otro los problemas con su visa.
Pero este no es el único caso de espionaje por parte del gobierno mexicano. El Instituto Citizen Lab de la Universidad de Toronto, investigó la vigilancia dirigida a activistas que promovían impuestos a bebidas azucaradas.
A través de mensajes SMS que alertaban sobre fallecimientos, accidentes y noticias falsas, el gobierno mexicano implantó el software malicioso e intervino las comunicaciones.
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