Los datos sobre los contratos con NSO Group y la adquisición del software “Pegasus” no podrán ser consultados hasta 2021, respondió la Procuraduría General de la República (PGR) a la R3D en Defensa de Derechos Digitales.
De acuerdo con la R3D, la PGR se ha negado a responder con claridad si ha tenido contratos con NSO Group, la empresa israelí que comercializa “Pegasus”. En 2016, respondió una solicitud sobre qué tipos de servicios había adquirido sobre el software:
La Agencia de Investigación localizó la información solicitada… la mima que constituye información clasificada como reservada”.
La R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, junto con ARTICLE 19, oficina para México y Centroamérica, y SocialTIC, han documentado 76 nuevos intentos de infección con el malware Pegasus en contra de periodistas y defensores humanos en México.
Sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha rechazado las acusaciones de espionaje, mismas que fueron publicadas el lunes por el diario The New York Times.
Las organizaciones creen que tres agencias mexicanas han “dejado rastro” de haber celebrado contratos para operar el software Pegasus: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) y la PGR.
Con los dibujitos de @erederbez es más fácil entender el informe #GobiernoEspía: https://t.co/iJfyOlaSL1 pic.twitter.com/kytVtDb7Uf
— R3D (@r3dmx) 21 de junio de 2017
El País publicó que los vínculos entre el gobierno de México y NSO Group pueden ser rastreados de años atrás. En enero de 2014, una filtración de correos de Hacking Team, la competencia de NSO, reveló que los empleados del Cisen conocían el programa de infección de teléfonos móviles.
Además a mediados de 2016, una investigación del Instituto Citizen Lab de la Universidad de Toronto indica que el Dr. Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública de México; Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor; y Luis Manuel Encarnación, coordinador de la Coalición ContraPESO fueron objeto de ataques con la intención de infectar sus teléfonos móviles. Ellos tienen algo en común: son promotores del impuesto al refresco.
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