Arely Gómez, secretaria de la Función Pública y ex procuradora General de la República, dijo que el uso de Pegasus se desarrolló “siempre dentro del marco jurídico”.
El contrato de adquisición fue publicado por varios medios de comunicación y en él se muestra que el software fue comprado en octubre de 2014 cuando Jesús Murillo Karam estaba al frente de la PGR y Tomás Zerón era el director de la Agencia de Investigación Criminal. La firma del contrato fue el 29 de octubre de 2014 y la PRG pagó 32 millones de pesos.
Pegasus terminó de instalarse en marzo de 2015, cuando la procuradora ya era Arely Gómez y quedó en sus manos, a través de Christian Noé Ramírez, quien fungía como jefe e la Oficina de la procuradora.
De acuerdo con el contrato, para operar Pegasus se capacitó a 25 personas durante un lapso de cinco días. El programa tenía la capacidad de espiar simultáneamente a 500 personas.
Al respecto, la funcionaria dijo que el uso de estas herramientas son un “mandato de la ley y de la Constitución para combatir el crimen organizado y la delincuencia”.
Algunos sistemas y herramientas de inteligencia se utiliza siempre dentro del marco jurídico (…) durante mi mandato, siempre fueron apegadas dentro del marco jurídico, lo que la ley nos da para combatir a la delincuencia organizada y el crimen”.
El informe de Citizen Lab sobre el espionaje a periodistas y activistas, las dependencias que operaban el software eran la PGR, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Hace unos días, se publicó que a través del malware Pegasus, el gobierno mexicano había espiado a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos.
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