La Procuraduría General de la República (PGR) ha caído en inconsistencias en el proceso que lleva contra Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz.
La PGR imputó a Duarte el lavado de 438 millones de pesos; sin embargo, solo pudo acreditar un desvío de 38.5 millones de pesos, específicamente de la Secretaría de Educación de Veracruz.
“Los números no cuadran, eso está claro”, dijo Gerardo Moreno García, juez de control adscrito al Palacio de Justicia Federal en el Reclusorio Norte.
La cifra que la PGR no ha podido comprobar dista mucho de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, que ha dicho que el saqueo en Veracruz durante la adminsitración de Duarte podría superar los 60 mil millones de pesos.
Durante la audiencia, la defensa de Javier Duarte solicitó a la PGR aclarar las imputaciones e informar cómo llegó a la conclusión de que usó recursos públicos para la compra de propiedades.
El juez también señaló a los fiscales de exponer datos “incongruentes” que contradecían las cifras que la PGR había dado hace algunos meses cuando solicitaron la orden de aprehensión.
Respecto a la imputación, los abogados y el ex gobernador hicieron más de 20 solicitudes de aclaración a la PGR, entre ellas las fechas de constitución de empresas fantasma, montos, nombres de vendedores y compradores de propiedades que fueron adquiridas con el desvío.
Sin embargo, en una de las preguntas, relacionadas con la compra de terrenos en Campeche, la PGR tardó más de una hora en responder y reconocer que no contaba con información completa.
“Está claro que el caso se está desmoronando en estos momentos”, dijo Marco del Toro, abogado de Duarte, quien calificó de “cantinflesca” las acusaciones contra su cliente.
El juez Moreno García ordenó prisión preventiva a Javier Duarte y permanecerá en el Reclusorio Norte hasta la siguiente audiencia, fechada para el 22 de julio.
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