La Ley de Seguridad Interior, es una propuesta que ha desembocado en posturas encontradas. Por un lado, Enrique Peña Nieto, ha declarado que esta propuesta se ha convertido en una imperiosa necesidad; y por el otro, activistas y académicos piensan que esta propuesta posibilita el atropello de los derechos de las víctimas.
Esta iniciativa busca regular las facultades y actividades del Ejército. Peña Nieto ha declarado que la actuación de los militares durante su sexenio se ha caracterizado por “lealtad y disciplina”. También señaló que gracias a la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, se han obtenido resultados importantes en el tema de seguridad y violencia.
Según sus cifras, durante los primero 10 meses de 2017, los homicidios dolosos disminuyeron 70%; las extorsiones 67%; el robo en carretera con violencia, 89%; y los secuestros, 50%, comparado con datos de 2012.
Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, sostuvo a su vez, que es necesario un marco jurídico, realista, objetivo, armónico y práctico, que sea avalado por la ciudadanía y esté alejado de intereses políticos.
Organismos como la CNDH, diversos activistas y académicos, se han opuesto a esta ley, porque favorece el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como parte de una estrategia para abatir la inseguridad actual en México.
La CNDH mencionó que esta ley plantea confusiones y límites ambiguos, lo que facilitaría que las Fuerzas Armadas cometan abusos de su autoridad.
Esta propuesta también puede provocar problemas de interpretación legal, porque no establece en forma expresa cómo se conciliará la prevención, investigación y persecución de delitos. La CNDH señaló que esta ley no debe ser producto de decisiones coyunturales o políticas.
Para finalizar, El PRI se encuentra buscando más apoyos de personas en el Congreso para aprobar esta iniciativa legal.
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POB/RLV
