El PRI se movilizó en el Congreso con la intención de aprobar la Ley de Seguridad la próxima semana.

El pasado 20 de noviembre, durante una ceremonia, Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional (Sedena) pidió al presidente Enrique Peña Nieto elaborar un marco jurídico que defina limites y obligaciones a las autoridades que constitucionalmente son las responsables de brindar seguridad a los mexicano.

Un marco jurídico que defina también, con toda precisión, procedimientos y tiempos para que los militares regresemos a los cuarteles, a cumplir con nuestros fines y con nuestras misiones. Un marco jurídico realista, objetivo, armónico y práctico, producto del consenso y avalado por la ciudadanía, alejado de condicionamientos o intereses políticos.

Este llamado tuvo una reacción inmediata para el PRI y alista un nuevo intento para sacar de la congeladora a la Ley de Seguridad Interior.

Aunque las bancadas del PRD y el PAN han mostrado su interés por aprobar la iniciativa, también quieren discutir la ley de Mando Mixto, que pretende fortalecer a las policías del País.

Durante su comparecencia en el Senado, Miguel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), fue cuestionado debido a que el País vive el año más violento de la historia reciente.

El secretario solo pudo contestar que se enfrenta a una situación “my compleja” en la que debe haber corresponsabilidad entre poderes y órdenes de gobierno.


publicidad puebla
 

Mencionó que es necesario “reformar un modelo que proviene del siglo pasado” y que “ya no responde a la realidad”.

Como respuesta a las críticas, el PRI aprovechó para comenzar la movilización que lleve a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

Polémica

La Ley de Seguridad Interior busca crear una subdivisión en las Fuerzas Armadas; las Fuerzas Especiales de Apoyo Federal.

Estas consistirán de militares especialmente preparados para hacer frente a tareas de seguridad pública como la persecución de delincuentes. Así, Enrique Peña Nieto, los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México podrán promover una declaratoria de afectación a la seguridad interior.

Sin embargo, diversas organizaciones civiles consideran que la Ley de Seguridad Interior pretende además que el Ejército y la Marina lleguen a suplantar las tareas de la policía y tengan competencias de ministeriales y judiciales.

Reclaman que el asunto es mucho más complejo y que la Ley de Seguridad Interior otorga un poder insospechado a las cúpulas castrenses de México.

 

 


POB/LFJ