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La corrupción es un problema que afecta a todo el país. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señala que para erradicar esta problemática, es necesario tomar acciones desde los ámbitos públicos, privados y sociales.

MCCI también menciona que se debe reconocer que existen varios pendientes en esta materia y que la corrupción tiene muy altos costos para el crecimiento, la igualdad y la credibilidad en la democracia.

Entre 2004 y 2016 México ha pasado de la posición 64 a la 123, en el índice de percepción de la corrupción. En este año, INEGI publicó que empresas gastan alrededor de 1,611 millones de pesos, en actos de corrupción en trámites y solicitudes de servicios públicos.

MCCI menciona que las autoridades federales y locales, tanto ejecutivas como legislativas, se resisten a investigar los grandes casos de corrupción presentados por el Comité de Participación Ciudadana, incluso por organismos como FEPADE.

México se encuentra en un contexto de debilidad institucional, porque ninguna de las tres fiscalías que podrían hacerle frente a la corrupción tiene titular. La Procuraduría General de la República no tiene titular desde abril.

El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) fue removido a finales de octubre por sus investigaciones sobre Coahuila, Estado de México, Veracruz, Chihuahua y muy particularmente por el caso Odebrecht.

Cabe señalar que aún  no ha sido nombrado el Fiscal Anticorrupción. Por otro lado, los legisladores se han negado a aprobar las iniciativas de reforma al artículo 102 constitucional para garantizar la construcción de una Fiscalía autónoma.

Finalmente, es necesario señalar que para erradicar con la corrupción también es importante que existan sistemas locales anticorrupción.

Sólo 14 entidades han publicado las 7 leyes secundarias necesarias para tener sistemas locales. Las entidades con mayor atraso son Tlaxcala, que no ha publicado ninguna ley secundaria; Colima y Nuevo León, sólo han publicado una ley y Chihuahua, ha publicado tres.

Por otro lado, ocho estados consideraron la participación de los gobiernos municipales en sus sistemas locales, pero hasta el momento ninguno ha precisado cuál es el papel que desempeñarán.

 

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