Tres órdenes de aprehensión vigentes contra Javier Duarte no han sido ejecutadas, y mientras esto no suceda no se le podrá procesar por los delitos delitos electorales de los que lo acusa la Fiscalía Especializada par ala investigación de Delitos Electorales (FEPADE), y tampoco por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición, de los que es acusado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
La orden obtenida por la FEPADE no fue incluida en el proceso de extradición, debido a que este delito no podía homologarse con ningun delito de Guatemala donde fue detenido.
Las dos órdenes obtenidas por la fiscalía de Veracruz fueron incluidas y aceptados a la hora de la extradición, pero la defensa se amparó para que estas no fueran ejecutadas.
La FEPADE acusa a Duarte de no haber entregado un presupuesto al órgano electoral del estado de Veracruz, y la fiscalía de Veracruz lo acusa del desvío de más de 220 millones de pesos destinados a la Comisión Estatal del Agua y de la utilización ilegal de un helicóptero del Estado para huir.
El ex-gobernador del estado de Veracruz fue detenido en la ciudad de Guatemala el 15 de abril, y fue extraditado el 17 de julio a México, para ser investigado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Al considerar que Javier Duarte podría intentar huir, el juez otorgó prisión preventiva y fijó un plazo de seis meses requerido por la Procuraduría General de la República (PGR) para realizar las investigaciones complementarias.
Con el fin de garantizar la su adecuada defensa, el pasado miércoles 31 de enero, el juez otorgó seis meses más, en esta ocasión para que la defensa del ex-gobernador Javier Duarte realice las investigaciones que considere necesarias.
Durante todo este tiempo permanecerá en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
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POB/PSC
