La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 03/2018 por la construcción del gasoducto Morelos –que pasa por 13 municipios poblanos– y que ha generado polémica.

El organismo de derechos humanos indicó que el proyecto se construye sin consulta a pueblos indígenas y de incumplir con las medidas sugeridas por especialistas en protección civil y geofísica ante la cercanía del Popocatépetl.

Por eso, ordenó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) planear la consulta de las comunidades; así como revisar las medidas de seguridad, ya que según un documento del Centro Nacional de Prevención de Desastres Naturales (Cenapred) el trazo del gasoducto pasa por zonas de riesgo del volcán.

Foto: Agencia Enfoque

La consulta previa y la revisión de protección civil se realizarán cuando el gasoducto ya tiene un avance del 98.3% y casi tres años después de que inició operaciones, según datos de la CFE.

La recomendación de la CNDH no incluyó las posibles violaciones a derechos humanos cometidas contra activistas y pobladores que se opusieron a la construcción del gasoducto. En abril de 2014 fueron detenidos Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón por oponerse a la construcción del gasoducto.

Para los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTAMPT) "es contradictorio" que la CNDH no los incluyera en la recomendación 03/2018, toda vez que en la recomendación general 25 sí se los menciona. Además, apunta que los pone en una situación de "vulnerabilidad" y les impide la reparación del daño que les corresponde.

Sin consulta a pueblos

Durante 2012, la CNDH abrió el expediente CNDH/6/2012/9556/Q, sobre el caso del Proyecto Integral Morelos (PIM) ubicado en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Esto debido a la inconformidad de diversas comunidades por las cuales pasa el gasoducto.

Ante esta situación, el organismo identificó que a lo largo del trazo del gasoducto se asientan 37 pueblos originarios y 38 comunidades de interés; es decir, que cuentan con más de 150 habitantes indígenas. De tal forma que, de acuerdo con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es necesaria la consulta previa e informada de estas comunidades.

Sin embargo, mediante el oficio AG/GAC/2906/12, la CFE aseguró que dado que el gasoducto “no tiene como función generar medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos interesados”, no tenía la obligación de implementar procedimiento de consulta.

La CNDH también advirtió que ni la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ni la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI) tomaron acciones proporcionar la información oportuna, clara y accesible a los pueblos y comunidades indígenas, además de garantizar el derecho a la consulta previa.

Ante esta situación, la Comisión pidió a la CFE que en lo sucesivo –antes de seleccionar sitios donde se desarrollen proyectos o infraestructura– los sometan a consideración de la CDI, para que determine si el proyecto planteado impacta en comunidades indígenas. En caso de que sí haya impacto en poblaciones indígenas se realice la consulta previa libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.

De igual forma, la recomendación indica que tanto la SEMARNAT como la CDI deben intervenir para garantizar la consulta previa a los pueblos indígenas.

CFE debe revisar seguridad

En otro apartado de la recomendación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó que la CFE y la SEMARNAT conformen un grupo de trabajo con el Cenapred, el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y las direcciones de Protección civil locales para que valore si el Proyecto Integral Morelos cumple con los requerimientos técnicos por la cercanía con el volcán Popocatépetl.

Esto debido a que el Cenapred informó que el trazo del gasoducto incide en zonas de peligro:

  • 23 kilómetros están en la zona de peligro moderado por flujos piroclásticos o mezcla de gases volcánicos calientes, materiales sólidos calientes y aire atrapado, que se mueve a nivel del suelo, y de lava, así como 78 kilómetros dentro de la zona de peligro menor, por lo que el peligro es significativo.
  • 107 kilómetros dentro de la zona de peligro moderado por caída de materiales volcánicos y 53 kilómetros en zona de peligro menor.
  • 57 kilómetros caen en zona de peligro por derrumbes gigantes, aunque es poco probable en caso de ocurrir implicaría la destrucción total del ducto en ese sector.
  • La trayectoria propuesta del gasoducto pasa por la zona de peligro mayor de flujo de lodos, la cual está cerca de Atlixco, y por una zona de peligro moderado de 34 kilómetros.

Asimismo porque el análisis de la trayectoria final se observa un incremento de la superficie en zonas de mayor peligrosidad, principalmente para eventos de flujos de material volcánico y de lodos; empero no hay pruebas de que en el cambio de trazo se hayan considerado las observaciones del Cenapred.

Por ese motivo, aparte de la revisión del trazo del gasoducto, la CFE debe implementar un programa de mantenimiento riguroso y para toda la vida útil del PIM; hacer un Plan de emergencia conforme a lo señalado en el estudio de riesgo y presentar reportes anuales por los próximos tres años; elaborar un Plan de protección civil para resguardar a las personas que viven cerca del volcán y sus bienes.

El gasoducto se revisará cuando tiene un avance de 98.3% en el estado de Puebla y cuando empezó a operar en diciembre de 2015.

Se olvidan de defensores

En cuanto a la detención de Enedina Rosas, Juan Carlos Flores y Abraham Cordero por oponerse al PIM, la CNDH determinó que “por no tratarse de violaciones a derechos humanos (…) se dará orientación jurídica”. Esto en caso de que consideren que la entonces Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior del estado violaron sus derechos.

Sin embargo el organismo de Derechos Humanos reconoció que, con base a las resoluciones dictadas el 15 de enero y 13 de abril de 2015, no se acredita la responsabilidad de las personas acusadas por los delitos de motín, contra la infraestructura hidráulica, despojo, extorsión, por oposición a que se ejecute una obra pública y robo calificado.

En la recomendación general 25 la CNDH sí les considera como defensores de derechos humanos que sufrieron agravios por el Estado mexicano.

Por ese motivo el Frente de Pueblos sostuvo mediante un boletín donde indica que “resulta preocupante que por un lado la CNDH reconozca la violación de los derechos humanos de los defensores comunitarios de manera general en la recomendación 25/2016, pero de manera particular niega estas violaciones en la queja CNDH/6/2014/2918/Q”.

Mencionaron que no incluir a los activistas en la recomendación se les está negando los derechos a la reparación del daño civil y moral causado, así como la imposición de garantías de no repetición de dichas violaciones.

La organización solicitó entonces la reapertura de la queja, donde se reconozca las violaciones a derechos humanos contra los activistas por oponerse al PIM, a la par que se recomiende la reparación del daño causado y las garantías de no repetición.

 

 

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POB/LFJ