El Índice Global de Impunidad en México 2018, presentado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) señala que la impunidad sigue en ascenso.

En 26 de las 32 entidades federativas, el porcentaje de delitos que no se esclarecen se agravó. Además, 93 de cada 100 delitos que se cometen no se denuncian, por lo tanto quedan impunes automáticamente.

En la presentación del estudio, Luis Ernesto Derbez, rector de la UDLAP, mencionó que la publicación ofrece datos específicos que permitirán diseñar un programa para combatir la violencia y la corrupción que afectan al País.

Para obtener los resultados a nivel nacional y estatal, el Índice utiliza 32 variables relacionadas con la eficiencia y la estructura del sistema de justicia, para calcular un indicador de impunidad.

El promedio nacional del Índice de Impunidad (IGI-MEX 2018), tomando en cuenta a las 32 entidades, aumentó a 69.84 puntos en comparación con la última medición de 2016 que fue de 67.42.

Puebla impunidad a la alza

Estas entidades aumentaron en cinco puntos o más su índice de impunidad son:

  • Aguascalientes (+7.48 puntos)
  • Tlaxcala (+7.37 puntos)
  • Nayarit (+6.65 puntos)
  • Puebla (+6.4 puntos)
  • Chiapas (+5.68 puntos)
  • Guanajuato (+5.66 puntos)
  • Tamaulipas (+5.49 puntos)
  • Coahuila (+4.95 puntos)

Conforme a los resultados del IGI-MEX, Puebla es el noveno estado con mayor impunidad.

Los crímenes no denunciados, la brecha entre la averiguación previa y la sentencia, la elevada incidencia delictiva y la falta de personal en el sistema de seguridad aparecen como los factores que fomentan la impunidad en la entidad.

IGI-MEX 2018 señala que, de acuerdo a las cifras arrojadas por el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales ( 2016), los cinco delitos del fuero común cometidos periódicamente en Puebla son:

  1. Lesiones
    2. Robos
    3. Amenazas
    4. Violencia familiar
    5. Fraude

El homicidio también es uno de los delitos con mayor impunidad en Puebla. La entidad solo es superada por Tamaulipas, Tabasco y Michoacán.

En noviembre, Poblanerías publicó que, con base en estadísticas del Tribunal Superior del Estado y del Secretariado Nacional del Seguridad Pública (SNSP) los delitos de amenazas, fraude y homicidio tienen los niveles más altos de impunidad en Puebla.

Las cifras indican que solo uno de cada mil denuncias por amenazas obtiene justicia, pues, mientras el SNPS reportó 6,594 denuncias, el Tribunal solo ejecutó seis sentencias.

Por fraude, solo uno de cada 125 casos desde 2015 hasta marzo de 2017, ha obtenido sentencia. Por homicidio, solo una de cada 64 denuncias terminó con una sentencia condenatoria.

Puebla tiene una “cifra negra” (delitos no registrados oficialmente) de 92.26%, esto es, que la mayoría de crímenes en la entidad no son denunciados.

De las 64,399 averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas en la entidad, solo hubo 6,235 procesados o imputados y de ellos, un total de 1,199 recibieron una sentencia condenatoria.

IGI-MEX 2018 destaca que México tiene cuatro veces menos jueces y magistrados que el resto del mundo. Ante este panorama, Puebla está en la situación más crítica al tener un promedio de 1.5 jueces por cada cien mil habitantes.

Sin embargo, destaca que el estado hizo un esfuerzo por aumentar el número de peritos del Ministerio Público para atender la incidencia delictiva. 

México, con más impunidad en América

En comparación con 2017,  el índice de impunidad promedio nacional creció 2.42 puntos para ubicarse en 69.84 puntos. Esto coloca a México como el cuarto país a nivel mundial con mayor impunidad en el mundo y  es el país de América con el mayor índice. 

De hecho, informa que México ocupa el lugar 66 de 193 estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) en materia de impunidad. Sin embargo, ocupa el lugar 66 de 69 países que cuentan con información estadística suficiente para el cálculo de este índice.

Ante este panorama, el IGI-MEX 2018 advierte que el sistema de justicia en México está “al borde del colapso”. Explica que el país se encuentra en esta situación por el déficit que presentan las instituciones, tanto en los estados, como en el ámbito federal.

Los ministerios públicos están colapsados: el número de agencias es de 3.53 por cada cien mil habitantes. Su personal disminuyó de 33.9 a 31.19, los agentes de 7.6 a 6.27 y por cada mil delitos registrados la proporción de agentes pasó de 5.31 a 4.97 (todo por cada cien mil habitantes).

Mientras que a nivel internacional existe un promedio de 16 jueces por cada cien mil habitantes, en México el promedio es de 3.9 jueces, es decir cuatro veces menos.

De ahí que haya estados, señala el informe, que en términos prácticos “no tienen un sistema de justicia”.

El Índice de Impunidad concluye que la exclusión social es un factor que retroalimenta la impunidad y agrava las consecuencias para quienes sufren las condiciones de marginación.

Destaca que México tiene dos dimensiones prioritarias de atender, una es la funcionalidad del sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.

 

 

 


POB/LFJ