Mujeres en la política mexicana: entre paridad y violencia

La participación de las mujeres en la política rema para tener mayor representatividad en cargos de elección popular; la violencia y el acoso político son algunos obstáculos.

La política ha sido uno de los espacios con mayor desigualdad entre hombres y mujeres. Como ejercicio de poder, el gobierno ha estado históricamente representado por varones.

En este 2018, el reconocimiento al voto femenino en México cumplirá 65 años. El 17 de octubre de 1953 apareció en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para cargos de elección popular.

Para el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, el sistema político mexicano “ha restringido el derecho de las mujeres a ser votadas, electas y a participar en igualdad de circunstancias”; lo anterior se refleja en el nivel de representatividad que tienen a nivel federal, estatal y municipal.

Por ejemplo, el País solo cuenta con una mujer gobernadora: Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, en Sonora.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hay dos ministras: Norma Lucía Piña Hernández y Margarita Beatriz Luna Ramos, de un total de 11 que la integran.

Tanto en el Congreso de la Unión como en el Senado de la República, las mujeres tienen una participación limitada.

Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, se compone de 500 legisladores, 159 son mujeres; es decir un 31.8%. Mientras que en el Senado hay 128 curules, de los cuales, las mujeres ocupan 51 y representan 39.8%.

En el gabinete de José Antonio Gali, las mujeres ocupan solo el 20% del total de las Secretarías, pues solo 3 de los 15 cargos tienen como titular a una mujer:

  • Luz María Aguirre Barbosa en la Secretaría Particular del C. Gobernador.
  • Arely Sánchez Negrete en la Secretaría de Salud
  • Patricia Vázquez del Mercado en la Secretaría de Educación Pública.

En el documento “Participación política electoral de las mujeres en el estado de Puebla”, elaborado por ONU Mujeres y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el Congreso local tiene la representación de 12 mujeres, es decir 29.2%.

De acuerdo con ONU Mujeres, con este porcentaje, el estado se coloca por encima de la media nacional, que para ese año fue de 27%.

La cifra de representación de mujeres en el Congreso local es casi 10 puntos superior a la elección previa del periodo 2011-2014, donde las mujeres obtuvieron 19.5% del total de curules.

Paridad

La reforma político-electoral promulgada en enero de 2014, elevó a rango constitucional la garantía de la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas a la Cámara de Diputados, Senado y Congresos Estatales.

Para Lucero Saldaña, Senadora de la República, la paridad de género ha sido un paso para acelerar la participación de las mujeres dentro del ámbito público.

En entrevista con Poblanerías en línea, la senadora poblana comentó que aunque en el ámbito público hay avance, la realidad es que «sigue habiendo evasión y abusos», dando paso a la violencia política de género.

«Las mujeres tienen mucho más carga en su participación, es más difícil; el piso no ha estado parejo, es más difícil que ocupen los cargos desde los partidos hacia Congresos y gobiernos». 

Socorro Quezada, diputada local, dijo a Poblanerías que la violencia política de género y el acoso político debe tipificarse tanto a nivel nacional como local. La legisladora comentó que en el Congreso de Puebla se han presentado iniciativas para tipificarla y sancionarla, hay falta de voluntad, para poder llevarlo a cabo.

«Para enfrentar la violencia política de género debe haber cambios culturales, religiosos, sociales, no solo se trata de hacer leyes, sino de llegar a un acuerdo entre la sociedad, sus instituciones y el gobierno para poder cambiar las mentalidades». 

Violencia Política de Género

La violencia política de género se ha constituido en un problema muy preocupante por la marcada multiplicación de casos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, define la violencia política contra las mujeres en razón de género como:

“Todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo”.

Sin embargo, ONU Mujeres indica que también puede incluir, entre otras, la violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida, y puede darse tanto en el ámbito público como en el privado.

En Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo, candidata de la coalición Por Puebla al Frente al gobierno del Estado, ha manifestado en eventos partidistas que ha sido objeto de violencia política de género.

La candidatura de Martha Erika es cuestionada por Enrique Doger y Luis Miguel Barbosa, los candidatos de la oposición, pues consideran que es una «imposición» de Rafael Moreno Valle Rosas, ex gobernador de Puebla y esposo de Alonso Hidalgo.

Lucero Saldaña y Socorro Quezada, consideran que los ataques que la candidata del Frente ha recibido no son por «ser mujer», pues critican que «no tiene experiencia política» que la respalde.

«Es un abuso del tema de género para empoderar a mujeres poderosas; porque cuando hablamos de Martha Erika no estamos hablando de cualquier mujer, estoy hablando de la compañera de vida del que fue gobernador de este estado y que creó un grupo llamado morenovallismo. Antes de él, no le conocemos ninguna trayectoria política», dice Socorro Quezada.

«Siempre he sido promotora de que participen las mujeres; sin embargo, sí creo que debemos de tener seriedad y que no se pongan a las esposas o a las hermanas si no tienen un perfil propio. Aquí yo les dejo una pregunta: ¿hubiera sido candidata Martha Erika por Acción Nacional si no hubiera sido la esposa de Rafael Moreno Valle?», opina Lucero Saldaña.

Las mujeres en el sindicato

Un espacio similar al de la política, es el laboral, donde las mujeres han logrado representación al frente de organizaciones, asociaciones y sindicatos.

Los sindicatos agrupan los intereses de los trabajadores y son fundamentales para lograr equilibrio en las relaciones laborales.

Una publicación del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) refiere que la incorporación de la mujer al mercado laboral en las últimas décadas es otro fenómeno que también ha generado efectos en la sindicalización.

Bajo este contexto, Erika Díaz, líder del Consejo Taxista de Puebla, en plática con Poblanerías, habla que la asociación se convertirá en sindicato, conformado por 2 mil taxistas.

Agrupaciones como las que Erika Díaz encabeza, están en proceso de adaptación a la nueva realidad y rol de la mujer, no solo desde las mujeres que conducen una unidad, sino de capacitar a los hombres en las nuevas masculinidades.

Colaboradores:
Lizeth Flores Jácome | Entrevistas y texto
Juan Carlos Sánchez | Video y fotografía
Pablo Spencer Castells | Video

 

 


POB/LFJ