Desde que inició el proceso electoral 2017-2018, en Puebla se han registrado ocho asesinatos y seis agresiones a personas vinculadas a la política. Con estas cifras, el año puede convertirse en el más violento donde se desarrollan elecciones.

En entrevista con Poblanerías, Juan Luis Hernández Avendaño, politólogo y director del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana de Puebla, dijo que la violencia durante las elecciones inhibe el voto y la participación ciudadana.

Pero también –opinó– busca dificultar que "la oposición gane espacios a nivel estatal", ya que con las candidatas y candidatos con apoyo de los grupos de poder son los que menos han sufrido ataques.

Elecciones violentas

Poblanerías en realizó un análisis de la violencia electoral de 2009 a 2018; en ese periodo se cometieron 19 asesinatos de aspirantes a un puesto de elección popular, ediles y regidores. Se registraron 16 agresiones contra candidatos y candidatas a diferentes cargos.

En total, suman 35 actos de violencia contra personas vinculadas a la política.

De estos hechos, 14 incidentes –ocho homicidios y seis agresiones– ocurrieron durante este proceso electoral 2017-2018; mientras que en la elección 2014-2015 se contabilizaron 12 actos de violencia política, dos homicidios y diez agresiones.

Esto puede estar vinculado con la gran cantidad de puestos de elección popular que están en disputa: la presidencia de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones federales, nueve gubernaturas y otros 2 mil 688 cargos locales.

Hernández Avendaño señaló que desde las últimas tres elecciones, tanto federales como estatales, se ha incrementado la violencia, situación que resulta preocupante porque puede inhibir el voto y la participación ciudadana.

Atacan a oposición

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) es el que más actos de violencia ha acumulado en contra, con siete asesinatos –desde 2013 a la fecha– y diez agresiones, la mayoría de ellas durante 2015.

Le sigue el Partido Acción Nacional (PAN), con cuatro homicidios; uno durante la elección de 2010, dos en 2017 y uno en el proceso de 2018.

Por Movimiento Ciudadano dos militantes fueron asesinados –uno en 2016 y otro en 2017– y dos más fueron atacados con arma de fuego, uno en 2015 y uno más en 2018.

Tres candidatas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a alcaldías fueron amenazadas y un precandidato fue asesinado.

Dos funcionarios municipales del Partido del Trabajo fueron asesinados, el primero –regidor de Quecholac– en 2017 y el segundo en 2018, el presidente municipal de Tlalnepantla.

Otras de las agresiones fueron a un candidato independiente en 2015; el homicidio de dos presidentes auxiliares, de los que se desconoce su filiación partidista y el asesinato de un funcionario del Instituto Electoral del Estado.

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El politólogo de la Iberoamiercana opinó que "la oposición es quien padece una mayor hostilidad", debido a que con la violencia se busca "dificultar que otros grupos lleguen al poder" y con eso defender los intereses del grupo político que gobierna.

Delincuencia se inmiscuye

El académico de la Iberoamericana agregó que el aumento en los asesinatos y agresiones en la entidad se debe a "la creciente inseguridad que se vive en el estado" y a la intromisión de la delincuencia organizada en los procesos electorales.

De acuerdo con un análisis de InSight Crime –fundación dedicada a analizar el crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe– la delincuencia puede afectar los procesos electorales de diferentes formas: la más visible es el homicidio.

InSight Crime sostiene que, debido a que los grupos criminales dependen de la protección de los gobiernos para operar y las elecciones de alguna forma son un riesgo para sus acuerdos, los ataques a candidatos y candidatas son una manera de proteger las relaciones existentes.

En Puebla han ocurrido varios asesinatos de aspirantes donde se cree puede estar involucrado el crimen organizado. Tal es el caso de Gustavo Martín Gómez Álvarez, candidato a la alcaldía de Francisco Z. Mena, quien fue asesinado por un grupo armado.

También el homicidio de Jorge Hernández Jiménez, regidor de Quecholac, del que se relaciona a presuntos traficantes de drogas; mientras que a Agustín Rojas Romero, regidor de Quimixtlán, quien fue asesinado –presuntamente– por no pagar “derecho de piso”.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría General de Gobierno informaron que brindarán protección a las candidatas a presidentes municipales por Teteles de Ávila Castillo, Hueytamalco, Zaragoza, Tecamachalco y San Martín Texmelucan ante las amenazas que han recibido.

Regiones peligrosas

Si bien los 35 actos de violencia electoral y política que han ocurrido en Puebla se distribuyen en todo el territorio, hay tres zonas de mayor riesgo: la central va desde la zona de San Martín Texmelucan hasta el Triángulo rojo, pasando por la capital del estado; la sierra Norte y la Sierra Nororiental.

Los municipios que más concentran agresiones son: Puebla, Chignahuapan y Jopala.

Según el “Tercer Informe de Violencia Política en México 2018”, de la firma Etellekt Consultores, desde las precampañas en septiembre del 2017 hasta abril de este año suman 81 las figuras políticas asesinadas en todo el País. Además se tiene registro de 173 agresiones directas y 30 agresiones contra familiares de candidatos, candidatas y servidores públicos.

Etellekt Consultores definió 58 zonas de muy alto riesgo de ataques armados contra personas involucradas en la política y sus familiares. De ellas diez estarían en Oaxaca; nueve en Veracruz; seis en Puebla; cinco en Guerrero; en Hidalgo, Michoacán y Chihuahua hay tres.

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En Estado de México, San Luis Potosí, Guanajuato, Durango y Tamaulipas hay dos regiones de riesgo; en tanto que en Baja California, Nayarit, Zacatecas, Jalisco y Colima, una.

Los principales peligros para aspirantes y personajes políticos en Puebla se deben a las bandas dedicadas el robo de hidrocarburo y al robo de camiones de carga.

Juan Luis Hernández Avendaño advirtió que, tomando en cuenta las elecciones anteriores y los acontecimientos ocurridos hasta el momento, la violencia electoral seguirá en aumento y lo más grave –desde su punto de vista– es que no hay acciones contundentes por parte de los gobiernos estatal y federal para frenar esta violencia.

 

 

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POB/LFJ