Con la aprobación de 15 votos a favor, ocho en contra y una abstención, la Comisión de Gobernación del Poder Legislativo Federal aprobó el dictamen de la Ley de Comunicación Social, lo que representa una batalla perdida para el Colectivo Medios Libres.

El dictamen ha sido cuestionado por organizaciones de la sociedad civil –como Artículo 19 y Fundar– quienes acusan que se trata de una “simulación” que solo pretende cumplir con un “formalismo” para no caer en desacato de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó al Congreso emitir una ley que regule la publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018.

En entrevista con Poblanerías, Cuauhtémoc Cruz Isidoro, miembro de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) a nivel nacional, señaló que resulta preocupante esta aprobación “pues atenta contra los principios básicos del sistema democrático del país”.

“Atenta no solo por los principios básicos que pedimos al Congreso; sino que atenta contra la libertad de expresión y viola ciertos acuerdos, por que institucionaliza ciertas dinámicas que han estado es liberando a partir de lineamientos generales para temas de campañas de comunicación social”.

Consideró que con la aprobación se presenta un retroceso al sistema nacional democrático, puesto que es una “evidente simulación” para la garantía a la libertad de expresión y violatoria de otros derechos para la sociedad y los periodistas.

“Afecta la libertad de expresión, al derecho a la información de los ciudadanos y periodistas”.

Presentan decálogo ante el Senado

El Senado de la República fue el parlamento en el que se promovió la iniciativa de ley; sin embargo, en segunda instancia fue el Congreso de la Unión el que actualmente analiza su aprobación.

Cuauhtémoc Cruz indicó que presentaron un decálogo que incline la balanza hacia una legislación idónea y que verdaderamente regule la publicad oficial.

“Pedimos una ley que defina criterios de designación basados en la idoneidad, es decir que se regule la publicidad, con estándares, con criterios claros para designar los montos, a que medios, campañas, precios, transparencia en el ejercicio”, expuso el académico.

Mientras tanto, en el posicionamiento difundido en el sitio Publicidad Oficial los 133 firmantes consideraron que la legislación no atiende los problemas que supone la publicidad oficial como: ser un mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales, la asignación discrecional de recursos públicos millonarios, su utilización para fines proselitistas o electoreros, entre otros.

“El documento institucionaliza malas prácticas y atenta directamente contra un estado democrático y de derecho pues las disposiciones previstas en él violan directamente la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.”

Por su parte, Cuauhtémoc Cruz expuso que lo ideal sería que se publique o en su caso se cree un padrón nacional de medios, se conforme un mecanismo de medición de audiencias de circulación, y circulen contenidos de utilidad pública.

Foto: Agencia Enfoque

Simulación

La propuesta legislativa es considerada una simulación respecto a los lineamentos para las campañas de comunicación social de las dependencias federales y en las entidades que desde los últimos tres lustros se practican sin que erradique las malas prácticas en el uso de la publicidad.

Las organizaciones opinan que la propaganda oficial debe tener un carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Empero, el dictamen aprobado se lee que las campañas de comunicación pueden tener como objeto “la difusión de logros de los gobiernos y sujetos obligados” lo que abre la posibilidad de que se siga utilizando como una herramienta para promover figuras públicas y/o partidos políticos.

Lo anterior, aseguran las organizaciones, genera una “sobreexposición de los gobiernos en la sociedad” y por lo tanto impactan directamente en la equidad de la contienda electoral.

El negocio de la prensa, solo para la élite from Poblanerías en línea on Vimeo.

Para evitar estos favoritismos, AMEDI pide la creación de un órgano regulador de la publicidad independiente.

“Queremos que no haya promoción encubierta de servidores públicos, que sea  identificable, que hay controles externos como la creación de un órgano ciudadano que regule la publicidad oficial y no dependa de la Secretaría de Gobernación, ni ninguna otra entidad”.

No obstante, los legisladores no han permitido el diálogo con la sociedad ni con los expertos en el ramo y excluyeron las propuestas de otros grupos parlamentarios como el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de Movimiento Ciudadano (MC).

Pese a derrota en la batalla, no perderán la guerra

Desde Puebla, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) acompaña al colectivo Medios Libres y Artículo 19 en el procedimiento legislativo.

En voz de Cuauhtémoc Cruz, la AMEDI indicó que seguirán el mecanismo legal que consideren en caso de que la iniciativa siga su curso; mientras tanto, únicamente se trata de una “batalla perdida”.

Indicó que el plazo para que se cumpla con el mandato de la SCJN, en el que establece se subsane el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución, que vence el 30 de abril de 2018; será hasta entonces cuando determinen el curso legal que acuerden para revertirlo, en caso de ser aprobado.

“AMEDI da el acompañamiento en el proceso, por medio del colectivo Medios Libres que es conformado por más de 100 agrupaciones; en el caso de Artículo 19 y Fundar nos sumaremos a las acciones pertinentes que se determinen al respecto”.

El negocio de la élite

Una investigación de Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Centro Nacional de la Comunicación Social A.C. (CENCOS), alarma sobre la concentración de la propiedad de los medios que existe en México y la inseguridad que viven los periodistas.

En México, la propiedad de los medios de comunicación se concentra en algunos de los empresarios más ricos del mundo. En total, 11 familias controlan 24 de los 42 medios más importantes y con mayores audiencias en el País.

Más de la mitad de los canales de televisión, programas de radio y diarios impresos reproducen los enfoques noticiosos de élites ligadas al poder político.

Desde el comienzo de la administración, el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, ha gastado cerca de dos mil millones de dólares en publicidad (38 mil 98 millones ochocientos mil pesos, aproximadamente) en distintos medios, así como poseer injerencia en publicación de notas.

Imagen: Publicidad Oficial

 

 


POB/LFJ