Considerando la falta de independencia e imparcialidad en la investigación realizada por la Procuraduría General de Justicia en torno al caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el Tribunal Colegiado de Tamaulipas, ordenó reponer el procedimiento del "Caso Ayotzinapa" y crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).

Debido a las "fuertes indicios" de que las confesiones e imputaciones en contra de los coinculpados fueron obtenidas por medio de la tortura, esta resolución pidió al ministerio público federal, presentar dictámenes elaborados por peritos independientes, para constatar que se cumpla con los protocolos de estambul.

La Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, estará integrada por los presentantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación. Los dos primeros decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar.

En la sentencia, los magistrados señalaron la necesidad de cumplir con el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas, para lo cual armonizaron los artículos 20 constitucional que contempla el derecho de las víctimas a participar en la investigación y el 21 de la misma Carta Magna que establece que la investigación incumbe al Ministerio Público.