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A 10 días de que venza el plazo para atender las observaciones que hizo el gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, para publicar en el Diario Oficial del Estado la abrogación de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, especialistas en la materia consideraron este marco legal –conocido como Ley Bala –fue creado con el único objetivo de reprimir a quienes piensan diferente.

Durante un foro para discutir la nueva Ley Reglamentaria que Regula el Uso de la Fuerza Pública en Puebla, organizado por integrantes del Congreso de Puebla, los académicos refirieron que el uso de cualquier tipo de arma no debe utilizarse para afectar a los ciudadanos de manera directa o indirecta.

En el evento también estuvieron presentes los pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, quienes plantearon conceptos y opciones para proporcionar estabilidad y seguridad durante el libre ejercicio de sus derechos de manifestación y expresión.

Adolfo Karam Beltrán, especialista en materia de seguridad, precisó que la creación de esta Ley para Proteger los Derechos Humanos que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, tuvo como único objetivo reprimir a quienes pensaban diferente al gobierno estatal.

Por ello consideró que la creación de leyes en materia de seguridad, deben garantizar el respeto a los Derechos Humanos tal y como lo establece la Construcción Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, garantizando la protección del bien titulado más importante que es la vida.

Bernabé Gallegos Mexinca, el integrante de la Policía Estatal que dirigió el operativo en Chalchihuapan, afirmó que los uniformados –armados con balas de goma –recibieron la orden directa de actuar por parte del titular de su corporación, Facundo Rosas.

Asimismo, evidenció que a la administración pasada –encabezada por Rafael Moreno Valle Rosas –no le importó sus décadas de servicio ni capacitación, pues fue despedido por negarse a ocultar lo que sucedió el día que el niño José Luis Tehuatlie en Chalchihuapan a consecuencia de una bala de goma.

“Tú le diste todo a la ciudadanía y el estado que te dio, te dio una patada, me cuestionó su familia”, afirmó en el foro de este martes.

Le apostó por que haya mayor capacitación por parte de los cuerpos de seguridad para saber cómo actuar en cualquier escenario que se presente.

Mónica Lara Chávez, diputada local de Morena, resaltó que la abrogación de la «Ley Bala» es un reclamo de la sociedad, al tratarse de una normatividad que «no protegió y agredió a la población, violentando sus derechos humanos».

Jesús Robles Maloof, defensor de los Derechos Humanos y uno de los ponentes del Foro, aseguró que el uso de la fuerza policial no puede ser proporcional, por lo que esta legislación cobra una singular relevancia, puesto que, «si no existe la manera de establecer límites concretos al uso de la fuerza», se vuelve abusiva.

El investigador, dejó en claro que ninguna atribución general que tenga el estado puede ser «arbitraria», es decir, tiene que ser específica y prever momentos, reglas y supuestos.

Sostuvo que el uso de la fuerza legítima, se debe regular, no solo para establecer momentos, controles y proporciones, sino porque existe un elemento fundamental de los Derechos Humanos que debe ser cuidado: la libertad de expresión.

Gabriel Biestro, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, sostuvo que la LX Legislatura, busca crear un asunto de normalidad democrática y de certidumbre jurídica, «lograr garantizar esos puntos y que los poblanos no vuelvan a vivir los efectos de una tiranía, como los que se vivían hace 100 años, 50 años o incluso menos».

Por último, dejó en claro que Puebla debe entrar en un Estado de Derecho y de respeto real a las libertades y que nunca «más una libertad se vuelva a ver coartada bajo ninguna circunstancia y bajo ningún pretexto».

Sentenció que se viven nuevos tiempos, los cuales, si no van acompañados de una protección real a la libertad, particularmente a la de manifestación, las cosas «no se harán bien».

Finalmente, la diputada local del Partido Morena, Vianey García, sostuvo que se analizará todos los elementos para poder adecuarlos a la realidad y definir una marco regulatorio que garantice el libre ejercicio de los derechos humanos, principalmente en casos de manifestación y expresión.

Gabriel Biestro expuso que no es necesario elaborar una nueva ley para regular el uso de la fuerza pública.

POB/PSC