La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, al considerar que el Congreso incurrió en violaciones al proceso legislativo y también señaló que de aprobarse esta norma, se podría generar un mal mayor a las fuerzas armadas.

Esta ley fue anulada por la SCJN e indicó que, los diputados no consideraron las afectaciones que esta norma causaría a las comunidades indígenas y tampoco diferenciaron de manera adecuada la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública.

Con nueve votos en contra del proyecto para declarar esta norma legal y uno a favor, la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, una acción que fue presentada y promovida por diversos organismos, institutos, municipios y legisladores federales.

Jorge Mario Prado Rebolledo fue el encargado de presentar el proyecto en el cual se proponía declarar constitucional el ordenamiento, y fue el único en votar a favor de la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior.

La Ley de Seguridad Interior fue aprobada el 17 diciembre de 2017 por el Congreso de la Unión y el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación cuatro días después, aunque está vigente, el presidente Enrique Peña Nieto -quien concluye su mandato el próximo 1 de diciembre-, se comprometió a no emitir ninguna declaratoria que pusiera en marcha un operativo de seguridad interior hasta que la Corte se pronunciara respecto de la constitucionalidad de esta legislación.

El colectivo #SeguridadSinGuera que agrupa a más de 300 organizaciones y personas mantuvo una campaña permanente durante todo el proceso de la Ley de Seguridad Interior, al considerar que su aplicación viola la Constitución y diversos tratados internacionales, pone en riesgo derechos y perpetúa un modelo de seguridad fallido basado en el uso de la violencia y la militarización de la seguridad pública.

 

 


POB/PSC