Poco después del medio día del 17 de mayo de 2017, iniciaba en la residencia oficial de Los Pinos una reunión histórica. La mesa central la encabezaba el presidente Enrique Peña Nieto, flanqueado de su secretario de Gobernación y el entonces presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago); ambos de nombre Miguel Ángel; ambos senadores de la República; ambos coordinadores de su bancada: Osorio Chong del PRI y Mancera Espinosa del PRD.
A esta cita acudieron la y los gobernadores de las 32 entidades del país y el gabinete de seguridad del Gobierno Federal. Pero lo que hizo especial e histórica esta reunión es que por primera vez estuvo el pleno del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país.
El motivo de tan importante encuentro fue que por primera vez en todo su sexenio el presidente Enrique Peña Nieto se refirió a los imparables asesinatos, secuestros y crímenes cometidos en contra de periodistas y medios de comunicación que hasta entonces sumaban 32 homicidios. Casi año y medio después la cifra de muertes llegó a 62.
En esa reunión el presidente prometió lo que no ha cumplido: fortalecer el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, y resolver todos los casos que permanecen impunes y que según la organización británica Artículo 19 es del 99.7 por ciento de los casos.
Lo único que medianamente cumplieron, el gobierno federal y los de las 32 entidades, fue la creación de unidades estatales de protección en aquellos estados donde no existe un mecanismo propio de protección, que eran casi todos.
Crearon unidades desarticuladas, inoperantes, sin recursos financieros, materiales ni humanos y sobre todo sin capacidad de reacción y de protección real y que en casi siempre optan por “echarle la bolita” al mecanismo federal que como cada año sufre porque se queda sin dinero.
Marco legal endeble
Para periodistas y organizaciones es ofensivo que de tantos crímenes cometidos apenas unas cuantas personas estén encarceladas, pero ninguna de ellas con una sentencia condenatoria. Esta impunidad lastima al gremio, paro también a la sociedad misma que, día a día ve vulnerado su derecho a ser informada y recibir información clara sobre el acontecer del país, de sus estados, de sus regiones.
El acto circense de aquella reunión en Los Pinos, en mayo de 2017 sirvió para mostrar una vez más el desinterés de quienes gobiernan, por castigar a quienes atentan contra medios y periodistas y es que en al menos seis de cada diez de las agresiones son las y los propios funcionarios quienes ordenan, planean, solapan y hasta cometen estos atentados.
Y es que en México tenemos un marco jurídico débil para poder hacer periodismo. A nivel nacional hay un registro de al menos 42 leyes vigentes e iniciativas relacionadas con el quehacer periodístico.
Algunas tienen un espíritu protector, pero terminan siendo intentos de reacción policiaca, ante agresiones ya cometidas; pero que de ninguna manera son leyes que busquen fortalecer los mecanismos de atención, investigación y seguimiento a crímenes.
La gran mayoría de delitos cometidos contra periodistas y medios son delitos del fuero común, que atienden en primera instancia las procuradurías o fiscalías estatales, y aunque la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría general de la República (PGR) tiene facultades de atracción desde 2012, hace hasta lo imposible porque las averiguaciones previas o carpetas de investigación se queden en lo local y entonces nadie investiga nada.
Por eso hay impunidad.
Falta de protección real
Pero hay impunidad de origen, porque las leyes no consideran aspectos fundamentales de la labor periodística. La Constitución Política consagra el derecho a la libertad de expresión, pero como un derecho humano, no solo como una prerrogativa para quienes hacemos periodismo.
Si no es en la Constitución, al menos la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas debe modificarse y agregarle un párrafo en la sección de definiciones:
“El Periodismo es una actividad de interés público que debe ser protegida y tutelada por el Estado”.
Esta simple frase es la base jurídica para que la protección al ejercicio del periodismo se desde siempre y no tenga que esperar a un incidente de violencia para querer reaccionar y después acumular más y más investigaciones que se quedan en el baúl de los casos sin resolver.
Esto es lo que no han querido hacer las últimas tres administraciones federales.
Al presidente Peña Nieto le queda un mes para concluir su gestión y esta incapacidad de resolver las decenas de homicidios y miles de agresiones contra periodistas se la va a heredar al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador; quien dicho sea de paso, no ha mostrado interés alguno por el tema.
Andrés Solis, es periodista, autor del “Manual de Autoprotección para Periodistas” y de la “Guía de buenas prácticas para la cobertura informativa sobre violencia”.
—
POB/JCSD
