Este martes 13 de noviembre se recordará como un día histórico para el periodismo mundial.
En este día, la cadena estadunidense CNN, presentó una demanda formal en contra del presidente Donald Trump, y otros y otras funcionarias del gobierno federal de aquel país, luego que la Casa Blanca tomara la decisión unilateral de retirarle la acreditación al reportero Jim Acosta, tras el altercado que tuviera con el mandatario durante una atropellada rueda de prensa la semana pasada.
Durante su campaña Donald Trump había dicho que, nunca retiraría las acreditaciones en contra de periodistas, pero no lo cumplió y este conflicto con la CNN es sólo un episodio más, de la larga disputa que ha sostenido el presidente con ese medio y con la prensa de su país.
Retirarle las credenciales y, hasta negarle ya el acceso a Jim Acosta a la Casa Blanca, a la sala de prensa, es un atentado contra la primera enmienda de la constitución de Estados Unidos; que ante todo defiende el derecho humano a expresarse libremente y protege el libre ejercicio del periodismo.
Se avizora un juicio largo y sobre todo costoso en lo económico y en la cada vez más depauperada imagen presidencial.
Pero este suceso debe obligarnos a volver a poner en la mesa de discusión este mismo tema que permanentemente padecemos las y los periodistas en México.
Ahora que, algunas organizaciones civiles intentan presionar al Congreso de la Unión, para modificar la ley de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, hay que hacerle las adiciones que garanticen entre otras muchas cosas, el libre ejercicio de los derechos de información.
Hay que fortalecer el marco jurídico. Si no es en la Constitución, al menos la ley de protección debe modificarse y agregarle un párrafo en la sección de definiciones:
“El Periodismo es una actividad de interés público de debe ser protegida y tutelada por el Estado”.
Esta frase es corta, pero daría mucha certeza para cerrar el paso a la constante inercia de gobernantes y agentes del poder público de obstruir nuestra labor y negar información.
En México cualquier persona funcionaria pública se cree que puede negar información de interés público, aun cuando esta ya se haya generado.
Es constante la actitud de las y los servidores públicos, especialmente de menor rango, de negar el acceso de periodistas a actos públicos, en espacios públicos, donde se gasta dinero público.
Creen que tienen la facultad de imponer un salvoconducto, llamado pomposamente “acreditación”, para permitir el ingreso de periodistas a sesiones de cabildo, eventos de gobernadores, sesiones de congresos y hasta llegan al absurdo de decir que son “reuniones privadas”.
La demanda de una cadena tan influyente como CNN en contra del presidente, del que dicen, es el país más poderoso del mundo, debe servir para que en nuestro país, le recordemos a quienes ejercen un cargo público que son empleados, que su paso es temporal y que además la misma constitución, las leyes de transparencia y de protección les obligan a cumplir con su responsabilidad de rendir cuentas de sus actos.
No son “buena onda” las personas funcionarias públicas que “nos pasan información”, especialmente de aquellos que en sus discursos salen con la payasada de decir “mis amigos periodistas”. No, no somos amigos.
Pueden contactarme en Twitter, a través de:
Andrés Solís A. es periodista, autor del “Manual de Autoprotección para Periodistas” y de la “Guía de Buenas Prácticas para la Cobertura Informativa sobre Violencia”.
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POB/JCSD
