Integrantes de la Mesa de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DECSA) del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ de la Universidad Iberoamericana (Ibero) de Puebla, exigieron al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, detener la política de terrorismo de Estado que ha imperado en los últimos años en Puebla y en el país.

Durante la presentación de su informe, en el marco del 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, los académicos consideraron que es responsabilidad de las autoridades entrantes desarticular los mecanismos que han llevado a una sistemática violación de las garantías individuales y a una profundización de la violencia contra la clase trabajadora del campo y la ciudad.

De acuerdo con los académicos, los gobiernos de Enrique Peña Nieto en México; y de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad en Puebla, decidieron privilegiar los intereses económicos del gran capital sobre los derechos humanos, lo que contrajo graves consecuencias y dolor para muchas familias y comunidades.

Eduardo Morales, vocero de DESCA, apuntó que durante la gubernatura de Rafael Moreno Valle, defensores de Derechos Humanos enfrentaron intimidación, amenazas, hostigamiento, desaparición forzada y asesinatos por la oposición a la privatización del agua y al despojo debido al avance de proyectos extractivos en la Sierra Norte, Nororiental y Negra del estado.

“Este informe describe casos de violaciones al derecho al agua, al medio ambiente y al territorio en los municipios indígenas de Tepatlán, Ahuacatlán, Ixtacamaxtitlán, Cuetzalan y Tetela de Ocampo en la Sierra Norte y Nororiental por la imposición de proyectos extractivos mineros e hidroeléctricos”.

Igualmente, subrayó que este documento alberga las violaciones al derecho al agua en los municipios de Atlixco y Ocotepec; violaciones por los intentos de construir el libramiento norte Puebla-Tlaxcala y la explosión del ducto de Pemex en San Martín Texmelucan.

“Parte esencial de este informe es la documentación de la criminalización a defensores en diferentes lugares del estado, siendo los casos más graves los asesinatos de los defensores Antonio Esteban en 2014 y de Manuel Gaspar en 2018 en el municipio de Cuetzalan”.

 

Bajo este escenario violento, las principales exigencias que plantearon en el Informe de Violaciones a los Derechos Humanos al Territorio y al Agua en Puebla, son:

a) Verdad y justicia para los defensores de derechos humanos asesinados en el estado de Puebla.
b) Alto al acoso y criminalización en contra de las personas defensoras de derechos humanos.
c) Cancelación de los proyectos extractivos y de infraestructura que afectan a las comunidades.
d) Prevenir y abordar los riesgos del involucramiento del sector privado en violaciones a los DESCA en situaciones de conflicto particularmente relativas a los derechos a la tierra, al territorio, al uso y disfrute de los recursos naturales, al nivel de vida adecuado, a la salud y a la alimentación; y promover la normatividad y las políticas públicas apropiadas para asegurar la sanción a las empresas y la reparación integral del daño.
e) Asegurar la protección de los DESCA en todo tratado de inversión, comercial y de libre comercio (y en sus renegociaciones, modernizaciones, relanzamientos, reformas y actualizaciones) como primera motivación para la realización de los mismos, conteniendo las respectivas salvaguardas.
f) Que las autoridades estatales y municipales cumplan con su obligación constitucional de proteger, garantizar y prevenir violaciones a los derechos humanos, y se abstengan de actuar como promotores de proyectos extractivos.
g) Que la Profepa, la Semarnat, la Conagua, la CNDH y CEDH (según su competencia) y la Secretaría de Economía investiguen rigurosamente las irregularidades administrativas y violaciones a derechos humanos documentadas en este informe y actúen para evitar que se sigan produciendo.
h) Poner fin al proceso de privatización del agua en la entidad.

“La responsabilidad de garantizar los derechos humanos recae ahora en los gobiernos entrantes. Es su deber actuar para detener y transformar este contexto y demostrar que sirven a las mayorías de este país. Es imperante que se avance hacia un verdadero cambio en la política económica, social y de seguridad de Puebla y del país, pues de otra forma la violencia y el conflicto social se agudizarán”, concluyeron.

 


POB/AAG