Martha Erika Alonso informó que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar una medida cautelar que garantice el debido proceso legal y la independencia de los tribunales ante la resolución de la elección a gobernador de Puebla.

En un mensaje a medios, la candidata de Por Puebla al Frente, aseguró que esta ha sido la elección “más revisada” en la historia de México y que en todos los escenarios ella ha mantenido una ventaja de más de 100 mil votos.

Para Martha Erika Alonso, José Luis Vargas, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no ha actuado con estricto apego a la ley y que el proyecto de nulidad que ha elaborado –asegura– viola el principio de carga de la prueba ya que no existen elementos para afirmar que la cadena de custodia haya sido rota.

“Este proyecto de sentencia es un absurdo a la razón jurídica. El propio magistrado reconoce que no hay variaciones en los votos obtenidos entre el primer cómputo y el recuento que él mismo encabezó”.

Martha Erika Alonso argumentó que el reglamento interno del TEPJF le impide a los magistrados emitir opinión pública que implique prejuzgar o informar a las partes involucradas el sentido del proyecto antes de que se resuelva.

“Reprobamos categóricamente este proyecto de nulidad porque carece de certidumbre, de imparcialidad, de legalidad y confunde a la opinión pública”.

La candidata de Acción Nacional aseguró que el actuar del magistrado “obedece a intereses políticos personales” y su conducta intenta “agradar al poder entrante”.

“Curiosamente, hace unos días, la bancada de Morena en el Senado, presentó una iniciativa de reforma legal para reducir el periodo del magistrado José Luis Vargas de su cargo en el tribunal electoral”.

Al final de su mensaje, Martha Erika Alonso dijo que confía en que el fallo le beneficiará y su candidatura se mantendrá como la ganadora.

¿Cuándo se otorga una medida cautelar?

El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH.

Según lo que establece el Reglamento, en situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, “solicitar que un Estado adopte medidas cautelares. Tales medidas, ya sea que guarden o no conexidad con una petición o caso, se relacionarán con situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del Sistema Interamericano”.

 

 


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