El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ordenó que se emita una nueva resolución "que si sea exhaustiva" donde se pronuncie, entre otras cosas, sobre la posible "trascendencia penal" de algunas de las conductas cometidas por servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR).

En esta sentencia, el juez considera que la resolución de la Visitaduría de la PGR "no fue exhaustiva ni congruente" y advierte que omitió pronunciarse sobre la trascendencia penal que pudieron llegar a tener las conductas documentadas dada su gravedad. En consecuencia, la Visitaduría General de la PGR deberá emitir una nueva resolución para subsanar las fallas y omisiones cometidas.

Después de que en abril de 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) diera a conocer graves irregularidades respecto de diligencias practicadas en el Río San Juan -donde, según se reportó, se hallaron los fragmentos óseos que a la postre se identificó pertenecían al normalista Alexander Mora Venancio-, la Visitaduría General de la PGR inició una investigación de control interno.

Esta investigación no llegó a buen puerto, pues el titular de la Vistaduría fue apartado de su puesto. Posteriormente, dicho funcionario, revelaría haber recibido presiones para disminuir el alcance de su resolución. En este contexto, la nueva titular de la Visitaduría auspició otra resolución que diluyó la responsabilidad de los funcionarios. Ante esta determinación, las familias de los normalistas presentaron una demanda de amparo indirecto aduciendo violados sus derechos a la verdad y al acceso a la justicia.

Con estos antecedentes, el 12 de diciembre de 2018 se publicó la resolución que otorgó el amparo a las familias misma que les fue notificada en días recientes. Sentando un precedente positivo, la sentencia reconoce el interés jurídico de las víctimas indirectas en este tipo de procedimientos por su impacto en el derecho a la verdad.

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POB/PSC