La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Puebla, luego que una mujer indígena náhuatl, de 16 años de edad, fue víctima de falta de atención ginecológica en el Hospital General de Cuetzalan, donde permaneció con el feto sin vida por más de 48 horas, debido a la falta de personal médico.

De acuerdo con la recomendación 81/2018 al gobierno de Puebla, se vulneró el derecho a la protección de la salud y el interés superior de la niñez, además de incurrir en omisiones de protocolo clínico e inadecuada atención médica en el Hospital General de Cuetzalan, de la Secretaría de Salud.

El expediente indica que la paciente debió recibir atención prioritaria por su edad y condición indígena; sin embargo, fue negada por la falta de personal en el nosocomio.

El incidente ocurrió en septiembre de 2017, cuando la adolescente acudió a una evaluación médica en la que se le indicó comprar el medicamento Oxitocina (empleado para la inducción del parto), el cual compró con sus propios recursos al no estar disponible en el hospital.

El 24 de septiembre, la joven presentó un cuadro de dolor generalizado y un médico particular le practico un estudio de ultrasonido, mediante el cual se confirmó la muerte fetal intrauterina del feto, por lo que se trasladó al servicio de urgencia del Hospital General de Cuetzalan.

En el nosocomio se le informó que debía esperar la llegada de atención especializada, pues por ser domingo no había ginecólogo ni personal médico capacitado para atenderla. Después de permanecer en hospitalización con suero y sin alimento por dos días, la paciente fue intervenida quirúrgicamente para la extracción del óbito fetal el 26 de septiembre.

La adolescente causó alta médica el jueves 29 de septiembre de 2017.

El expediente de la CNDH señala que hay incumplimiento del Hospital General de Cuetzalan en las obligaciones de disponibilidad y calidad en los servicios de salud, ya que la paciente tuvo obstáculos para disfrutar el derecho a la protección de su salud.

Además, se documentaron las inconsistencias, omisiones y vulneraciones en la prestación de la atención médica, así como la falta de elementos esenciales en el nosocomio para el eficaz desempeño, tales como personal médico, medicinas, equipo médico y análisis de laboratorio.

La CNDH consideró que las condiciones de rezago social, pobreza y falta de acceso a servicios de salud de la paciente, aunado a su calidad de mujer adolescente indígena, la colocaron en un contexto de mayor riesgo y marginación.

Por su parte, el gobierno de Puebla deberá restituir y reparar los daños ocasionados a la joven, además de inscribirla en el Registro Estatal de Víctimas, a fin de obtener apoyo a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral hasta que alcance la total sanación psíquica y emocional, atendiendo su edad y género.


POB/AAG