Texto: Miguel Ángel León Carmona

Veintiún personas relacionadas con la desaparición forzada y asesinato de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, Veracruz, fueron exoneradas del delito de delincuencia organizada.

Se trata de ocho ex policías estatales, entre ellos el exsubdelegado de Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández, y 13 civiles relacionados con un grupo criminal –incluido Francisco Navarrete Serna, presunto líder– acusados de haber privado de la libertad a cinco jóvenes el 11 de enero de 2016 y posteriormente asesinarlos y calcinarlos en el rancho denominado El Limón, en el municipio de Tlalixcoyan.

Los 21 detenidos quedaron absueltos de delitos federales y podrían solicitar su salida del penal de máxima seguridad en Gómez Palacio, Durango y ser reinstalados en alguna cárcel de Veracruz para seguir sus procesos del fuero local por desaparición forzada y homicidio doloso.

Por estos crímenes, el pasado 4 de marzo el gobierno de Veracruz ofreció una disculpa pública y reconoció la responsabilidad de sus elementos policiales. En ese evento, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, se comprometió con los deudos a acompañar las investigaciones federales contra los 21 imputados.

“Nos comprometemos, con pleno respeto a la autonomía de la Fiscalía General de la República, a acompañar las investigaciones federales que se encuentren pendientes: tanto las relacionadas con la delincuencia organizada como aquellas por violación a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad”, dijo en aquella ocasión el subsecretario.

A Francisco Navarrete, alias “El Primo”, un juez federal le concedió el amparo 11/2018, mismo que fue confirmado por un tribunal de alzada, tras argumentar una investigación deficiente de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) quienes duplicaron declaraciones (pruebas) en los juicios por delincuencia organizada y desaparición forzada, en vez de haber usado elementos independientes en cada uno de los procesos judiciales, el primero del fuero federal y el segundo del fuero local.

El abogado de las cinco familias víctimas, Celestino Espinoza Rivera, explica que la resolución se valió de un criterio de la Corte, que fue sostenido por el juez de distrito y confirmado por magistrados, por lo que no hay forma de atacarlo ya que se trata de la resolución de un recurso.

“La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no investigó más allá de lo que se había investigado por desaparición forzada. El proceso local únicamente se enfocó a la conducta de los detenidos con la desaparición y el homicidio de los jóvenes. La investigación por delincuencia organizada tenía que ir más allá, enfocada a la pertenencia de los detenidos al grupo delincuencial, a que ellos se dedicaban a realizar varios secuestros en la zona de Tierra Blanca, a conseguir más testimonios y exponer todo lo hallado en el rancho El Limón, como indicios de robo de combustible y robo de autotransporte de carreteras federales”, dijo el jurista en entrevista.

El juez cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, se apoyó en la resolución favorable de Francisco Navarrete para exonerar a los otros 20 implicados, mediante un incidente de desvanecimiento de datos.

“El juez utilizó el mismo criterio indebidamente que se le aplicó a Navarrete. ¿Por qué hablamos de indebidamente?, porque el amparo surtía efectos solamente para él. Al resto de los imputados incluso ya se les había vencido el plazo para impugnar de la misma forma, sin embargo, se excede en el uso de una figura procesal como lo es el desvanecimiento de datos para transmutarla en un recurso extraordinario que echa abajo un auto de formal prisión firme”, agregó Espinoza Rivera.

Este martes 12 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en conferencia que dará seguimiento a casos en que jueces ‘a modo’ conceden la libertad a presuntos criminales. Para ello, dijo, hablará con ministros y el presidente de la Suprema Corte, y con la Fiscalía General de la República.

“Lo que sucede en algunos juzgados del Poder Judicial es que se detienen a presuntos delincuentes y tardan tres días, cinco días, y quedan libres. Y el argumento o la excusa es que no están bien integradas las averiguaciones, que no se cumplió con el debido proceso (…) Y -los presuntos delincuentes- salen hasta riéndose, burlándose de la autoridad.


Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí: www.piedepagina.mx.

 

 


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