El 21 de mayo, Rocío García Olmedo, Diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó su proyecto de reforma a los artículos 339, 340, 341, 342 y 343 del Código Penal del Estado.

Seis días después, el 27 de mayo, después de que la iniciativa fue analizada y se dictaminara, pasó al pleno legislativo; siendo presentada por García Olmedo.

Después de una sesión marcada por una discusión ardua entre legisladores por saber a qué comisiones se rutinaria para su análisis y difusión, e irrupciones por parte del Frente Nacional por la Familia con el grito “no al aborto, sí a la vida”; José Juan Espinosa, Presidente de la Mesa Directiva determinó que fuera a las de:

  • Procuración y Administración de Justicia,
  • Salud,
  • De la Familia y Derechos de la Niñez,
  • Derechos Humanos.

Dicha decisión fue impugnada con base en el reglamento interior del Congreso, pues se solicitó se incluya la comisión de Igualdad de Género, por lo que en cinco días (31 de mayo, aproximadamente) se tendrá una definición más clara de cuales tendrán que analizar el tema.

La propuesta ha tenido resistencia por parte de algunos miembros del Congreso, como Hector Eduardo Alonso Granados, Diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

 ¿Posible consulta ciudadana?

José Juan Espinosa Torres, diputado local del Partido del Trabajo (PT), propuso someter a consulta ciudadana la reforma. Esto frente al argumento que la iniciativa de la legisladora del PRI “tiene tintes políticos”, pues la presentó en vísperas de la elección extraordinaria del 2 de junio.

“La propuesta de un servidor antes de fijar una posición es que el Congreso fije las reglas para un parlamento abierto. Sabemos que es un tema que polariza socialmente, electoralmente, la presenta el partido que va en el último lugar. Esto no se va a resolver con porras y sombrerazos”, dijo Espinosa Torres.

 

Considerando dichas razones, sugirió que el tema se resuelva tomando en cuenta un parlamento abierto con opiniones de los ciudadanos; aunque reconoció que la ley local no permite realizar este tipo de ejercicios.

 

POB/JMVA