La defensa de siete de los implicados en el asesinato del defensor de derechos humanos, Sinar Corzo Esquinca, denunció que uno de sus defendidos y una testigo, están siendo amenazados por la Fiscalía General de Justicia de Chiapas (FGJC) para que se retracten de su denuncia al haber sido víctimas de tortura.

Esto ocurre, luego de que el pasado miércoles 28 de agosto, el equipo de defensa de las siete personas que han sido imputadas falsamente, presentó ante el Congreso del Estado de Chiapas una solicitud de juicio político contra el gobernador, Rutilio Escandón, al que responsabilizan de la tortura que sufrieron para obligarlos a inculparse.

El abogado defensor Jorge García Meléndez, explicó que luego de que presentaron la solicitud de juicio político uno de sus clientes y una testigo, recibieron la visita de funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes les advirtieron que en caso de no retractarse, sus familias pagarían las consecuencias.

Explicó que otro de sus clientes, quien se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social número 13 de Tonala Chiapas, le hizo saber que algunos funcionarios de la FGJ le ofrecieron 400 mil pesos y ayudarlo para que su pena máxima sea de ocho años, a condición de reconocer participación en el crimen cometido el 3 de enero de este año en el municipio de Arriaga contra Corzo Esquinca; y además, tendría que desmentir que fue víctima de tortura para autoinculparse.

García Meléndez, señaló que a la luz de los hechos “es evidente que la Fiscalía General de Justicia del Estado vulneró el debido y proceso y violenta en forma sistemática y generalizada la dignidad humana mediante la tortura para fabricar culpables. Son chivos expiatorios para justificarse ante la sociedad que demanda justicia”.

Prueba de la fabricación de culpables que ocurre en el estado, es el hecho de que se giró orden de aprehensión contra David Parada, presidente municipal de Arriaga, dos días antes de que el Congreso del Estado, procediera a su desafuero. En la actualidad, la orden de aprehensión no se ha cumplimentado y el edil solicitó un amparo que se encuentra en trámite.

Sobre la solicitud de juicio político, expuso que el equipo de defensa, logró documentar con la aplicación del Protocolo de Estambul consistente en estudios periciales, médicos y sicológicos que los acusados fueron torturados física y sicológicamente para obligarlos a inculparse en el homicidio de Corzo Esquinca.

Los peritos especializados en la aplicación del Protocolo de Estambul, son el Doctor Abel Saucedo Romero y la psicóloga Luz Martina Velázquez Serrano, ambos contratados por la defensa; y quienes se encuentran certificados por el Poder Judicial del Estado de Colima, además de gozar de reconocimiento por su expertise en la materia.

Existe fundado temor por la integridad física y emocional de los inculpados, sus familias y de la testigo ante estas nuevas amenazas, las cuales permiten ratificar las evidencias con respecto a que la Fiscalía es una fábrica de culpables, no actúa conforme a derecho y vulnera el debido proceso, concluyó García Meléndez.

 

 


POB/JCSD