Este 12 de octubre, entró en vigor el incremento a la tarifa del transporte público en el estado de Puebla, tras ocho años de no modificarse.

El anuncio no ha sido bien recibido por los poblanos, quienes reclaman que el servicio debe mejorar para poder tener un aumento. Sin embargo, el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Movilidad y Transportes, acordó que con el aumento, las unidades deben mejorar.

El pasado 6 de octubre, el gobierno estatal formalizó el incremento del 41%, por tanto, el precio será de 8.50 pesos para autobús y 8 pesos para combis. Las personas de la tercera edad tendrán descuento de 50% y habrá servicio gratuito para personas con discapacidad.

Según Guillermo Aréchiga, secretario de Movilidad y Transportes, el aumento está sujeto a la mejora y modernización de las unidades.

En dicho acuerdo, los transportistas se comprometen a mejorar la seguridad y a cumplir el artículo 37 de la Ley del Transporte del Estado de Puebla, mismo que dicta lo siguiente:

«Tratándose de los vehículos de servicio público de transporte urbano, sub urbano y masivo deberán estar provistos además con un sistema de posicionamiento global GPS, cámara de video vigilancia, botón de pánico que estarán vinculados a los sistemas de seguridad pública, un contador de pasajeros y un regulador de velocidad cuyas características y funcionamiento será conforme lo establezcan las autoridades competentes.»

El artículo contiene elementos que pretenden brindarle mayor seguridad a los usuarios, pero hay un pequeño detalle que no se consideró: los transportistas debieron haber cumplido ese artículo desde el 2005 cuando se publicó en la Ley del Transporte.

Tras 14 años de la publicación de este artículo, el único punto que se ha cumplido –a medias– es la instalación de los sensores para contar pasajeros, los cuales no todas las rutas los utilizan.

Por lo anterior, los concesionarios deberán invertir –en un plazo de 120 días– para la instalación de botones de pánico y dispositivos GPS conectados al C5, para que, en caso de emergencia, acudan los servicios de emergencia. El gobernador Miguel Barbosa aseguró que, en caso de que no se cumplan con dichas condiciones, habrá retiro de concesiones. 

Barbosa justificó que la medida es parte del combate a la “corrupción” y que en gobiernos pasados provocó el “achatarramiento del transporte”.

Sin embargo, diversos grupos sociales anunciaron que interpondrán una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de Aréchiga por el aumento de 41% a la tarifa.

En conferencia de prensa, Alberto Guadarrama, integrante del Observatorio Ciudadano, opinó que el aumento en el precio del servicio “atenta contra los derechos de los poblanos”, pues no solo se trata de un tema económico, sino de un problema social.

 

 


POB/LFJ