Este fin de semana se firmó el acuerdo entre transportistas para aumentar las tarifas del transporte público, el cual entrará en vigor el próximo 12 de octubre, pero ¿a qué realmente se están comprometiendo los concesionarios?

Guillermo Aréchiga Santamaría, secretario de Movilidad y Transporte, informó que en el acuerdo para la modernización del transporte público, los dueños de las unidades se comprometen a mejorar la seguridad y a cumplir el artículo 37 de la Ley del Transporte del Estado de Puebla, mismo que dicta lo siguiente:

«Tratándose de los vehículos de servicio público de transporte urbano, sub urbano y masivo deberán estar provistos además con un sistema de posicionamiento global GPS, cámara de video vigilancia, botón de pánico que estarán vinculados a los sistemas de seguridad pública, un contador de pasajeros y un regulador de velocidad cuyas características y funcionamiento será conforme lo establezcan las autoridades competentes.»

El artículo contiene elementos que pretenden brindarle mayor seguridad a los usuarios, pero hay un pequeño detalle que no se consideró: los transportistas debieron haber cumplido ese artículo desde el 2005 cuando se publicó en la Ley del Transporte.

Tras 14 años de la publicación de este artículo, el único punto que se ha cumplido –a medias– es la instalación de los sensores para contar pasajeros, los cuales no todas las rutas los utilizan.

Otro de los artículos que no se han cumplido al pie de la letra es el Artículo 70, mismo que exhorta a los concesionarios a “prestar el servicio con vehículos que no excedan de diez años de antigüedad en las rutas urbanas”.

La nueva tarifa aumentó 41.7%, desde su última modificación en 2011. En el periodo comprendido entre diciembre del 2011 y agosto de 2019 la inflación del país fue del 33.26%. Es decir, si el aumento hubiera subido a la par de la inflación, la nueva tarifa no sería de 8.50 pesos, si no de 8 pesos para camiones y 7.50 para las camionetas tipo van, aproximadamente.

 

 


POB/RPC