Diputados de la Comisión de Hacienda y Patrimonio en el Congreso local aprobaron, por mayoría de votos, que la multa por no tener tarjeta de circulación sea similar a la de no portar placas.

Durante la sesión de la Comisión, María Isabel Vargas, asesora jurídica de la Subsecretaría de Ingresos, explicó que la multa para quienes no porten la tarjeta de circulación partirá de 515 pesos y alcanzará los 8,295 pesos solo si el contribuyente es reincidente en faltas.

La funcionaria señaló que no se trata de un nuevo impuesto, sino de una sanción –establecida en 2014– que el artículo 59 del Código Fiscal de Puebla.

«Es una sanción que se está tipificando en el código fiscal. No es un impuesto y no será para toda la ciudadanía, solamente va a ser para aquellas personas que no cumplieron con el programa del canje de la tarjeta de circulación, que ya son la minoría».

María Isabel Vargas. Foto: Juan Carlos Sánchez Díaz

Aseguró que la multa no será para todos los conductores y reiteró que a inicio de 2020 no se hará cobro alguno.

«¿Cómo procede la imposición de la multa? Necesitamos nosotros como secretaría de Finanzas mandar un comunicado al contribuyente donde le decimos, ‘ven y cumple con tu canje de tarjeta, actualiza tus datos’. En ese documento se le informa que de no hacerlo se le impondrá la sanción, la mínima de 515 pesos».

En el mismo evento, Héctor Sualimán Safi, subsecretario de Ingresos, mencionó que el objetivo del nuevo cambio en las tarjetas de circulación es actualizar el registro del parque vehicular de Puebla.

«Todas estas medidas del padrón vehicular, el tema de las placas, el mismo registro de vehículos, va en ‘pro’ de meter un programa efectivo y eficiente para la seguridad del estado. Hoy podemos ver que tenemos diferentes tipos de placas, con diferente imagen, que desde hace ocho años no se han cambiado en su totalidad, sino cada gobierno le da nueva imagen pero siguen con el mismo registro».

Argumentó que la actualización del padrón vehicular ayudará a que se implementen mejores medidas de seguridad pública.

 

 


POB/LFJ