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La iniciativa llamada “pin parental” impulsada por el partido español VOX ha sido retomada en varios Congresos legislativos de México como Chihuahua, Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León y Aguascalientes, siendo en este último el único donde se ha aprobado.

¿Qué es?

Esta iniciativa busca restringir el acceso a la educación sexual, a través de modificaciones a la Ley de Educación para que las escuelas informen previamente a los padres de familia si sus hijos recibirán clases, talleres, actividades o charlas sobre educación sexual, reproductiva o de género.

De esta forma, los padres podrán “vetar” los contenidos y decidir que sus hijos no accedan a esa información.

Vulnera los derechos de la niñez

Para el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) pin parental tiene un carácter violatorio de los derechos de la infancia ya que vulnera el artículo 18 de la Convención de los Derechos del Niño y las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño.

En dicho artículo se indica:

“Si bien los adultos responsables ya sean padres, madres, cuidadores o instituciones de protección, tienen la responsabilidad primordial de la crianza, esta no es discrecional ni absoluta, sino que está condicionada a que niñas, niños y adolescentes ejerzan plena y prioritariamente sus derechos”.


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Señala que el Estado tiene la obligación de garantizar que los menores accedan a servicios, información y educación, “incluso en materia de salud sexual y reproductiva, sin verse obstaculizados por el consentimiento o autorización de terceros”.

Poder de veto

La Secretaría de Gobernación (Segob) también ha considerado que pin parental vulnera los derechos de la niñez y adolescencia al permitir el veto de los padres sobre contenidos educativos cuando estos no coincidan con sus “convicciones éticas, morales o religiosas”.

“De aprobarse estas reformas, las autoridades competentes podrían considerarlas inconstitucionales al violar principios de progresividad y prohibición de no regresión de los derechos, así como transgredir la rectoría del Estado en la definición de contenidos educativos establecida en el artículo tercero constitucional. Asimismo, serían violatorias del marco nacional e internacional de derechos humanos en favor del Interés Superior de la Niñez”.

Organizaciones y expertos en Derechos Humanos consideran que este tipo de iniciativas, al otorgar un poder de veto, abren la puerta para que se controlen más aspectos de la educación y confunden el cuidado de los hijos con la imposición.

En su análisis “Lo que esconde el PIN parental en Nuevo León”, Kalycho Escoffié señala que la propuesta “elimina a las niñas y niños como personas y titulares de una educación integral”, ya que suele creerse que a cierta edad “pertenecen” a los padres.

La Segob ha enviado a los congresos locales un documento de análisis donde expone los criterios jurídicos vigentes sobre la educación y donde expone que el pin parental podría tener como consecuencia un incremento de violencia y abuso sexual contra menores, el embarazo adolescente, acoso escolar, discriminación y homofobia.

 

 


POB/LFJ

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