Con cuatro votos en contra, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el proyecto que buscaba la despenalización del aborto en Veracruz.

Los ministros que votaron en contra argumentaron que no existen elementos “técnicos y jurídicos” para discutir el caso ya que consideran que no existe una omisión legislativa por parte del Congreso local para regular sobre aborto.

La ministra Norma Lucía Piña señaló que la Corte “no puede sustituir al Congreso” para ordenarle un contenido relativo específico en este caso porque no existe un mandato para legislar.

“No me voy a pronunciar por el fondo de la norma, sino por el tratamiento que se le da y que no comparto”.

Por su parte, la ministra Margarita Ríos Farjat consideró que la presentación del proyecto contiene impedimentos de fondo que este caso demanda y coincidió en que no existe omisión legislativa porque la norma sí existe y por el momento, esta señala sanciones.

“No existe un mandato específico para legislar en un sentido determinado por mejor y más conveniente que este pudiera ser. Es un problema de técnica jurídica para mí y desafortunadamente esto me impide pronunciarme respecto al fondo del asunto”.

El único voto a favor lo emitió el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá quien señaló que todas las entidades están obligadas a cumplir con los tratados internaciones de los que México es parte como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancional y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw).

Estimó que la presentación del proyecto permite que reclamar omisiones legislativas y señaló que la Corte ya tiene resoluciones previas al respecto; además, que las quejosas tenían un interés legítimo para hacer estos reclamos.

“Su objeto se enfoca en la legislación y la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Dadas las obligaciones convencionales contraídas por el Estado mexicano como Cedaw y Belem do Pará y que vincula a todas las autoridades en el ámbito de su competencia, sí existe una obligación legislativa que vincula al Congreso local de Veracruz para reformar sus normas penales en relación a la interrupción del embarazo”.

 

 

 

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POB/LFJ