El ayuntamiento de Acatlán de Osorio determinó indemnizar con 80 mil 600 pesos a los familiares de Ricardo y Alberto Flores, linchados en agosto de 2018 en ese municipio.
Víctor Alonso Tadeo, abogado de los familiares, declaró a la revista Proceso que la suma “no cumple con lo establecido por la Ley General de Víctimas” y “tampoco con lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
En 2019, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla emitió la recomendación 12/2019 en la que solicitó a las autoridades municipales y estatales realizar los trámites necesarios para la reparación de daños causados por el doble linchamiento.
En dicho documento, Omar Siddhartha Martínez Báez, presidente interino de la CDH Puebla, pidió que la reparación se realizara en los “términos más amplios y de manera integral acorde a la Ley General de Víctimas” por los perjuicios y pérdidas materiales así como por los sufrimientos y aflicciones causadas.
Además que señala la omisión en que incurrieron los elementos de la policía municipal de Acatlán de Osorio, para salvaguardar la integridad las víctimas, toda vez que estos se encontraban bajo su custodia y la falta de su puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público correspondiente.
Mala interpretación
El Ayuntamiento de Acatlán estimó los daños en 40 mil 300 pesos por cada víctima. En un oficio girado por el síndico Aurelio Rojas, se explica que la suma cumple con lo establecido en la Ley General de Víctimas y equivale a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización, la cual en agosto de 2018 –fecha del linchamiento– ascendía a 80.60 pesos.
No obstante, el abogado señala que el ayuntamiento hace una mala interpretación de la ley pues debe pagarse una “compensación subsidiaria” del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Comisión Nacional de Víctimas, por lo que impugnarán la suma aprobada.
En octubre de 2019, familiares de las víctimas demandaron al ayuntamiento de Acatlán y al gobierno del Estado por no salvaguardar su integridad y solicitaron 100 millones de pesos por concepto de indemnización.
Los hechos
El 29 de agosto de 2018, Ricardo y Alberto fueron linchados por pobladores de San Vicente Boquerón, en Acatlán de Osorio, tras ser acusados de “roba chicos”.
Los hombres, que viajaban en una camioneta Ford Explorer, fueron detenidos por la policía municipal por beber en vía pública y llevados a los separos. Sin embargo, un grupo de pobladores, que aseguraba se trataban de secuestradores, los sacó a golpes y les prendió fuego, frente a decenas de testigos que grababan la escena con su teléfono celular.
Familiares de los linchados, arribaron al lugar, para exigir justicia, porque ellos afirman que los detenidos y muertos, no eran criminales, sino que se trataba de un campesino de Tianguistengo y un estudiante de Derecho.
En ese entonces, la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Antonio Gali, se deslindó de lo ocurrido, afirmando que, investigaría los horarios de los sucesos, porque afirman, las autoridades municipales no avisaron de los hechos y por ende, no se activaron los protocolos debidos.
Por estos homicidios, cinco personas han sido detenidas, entre ellos un menor de edad.
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POB/LFJ
