En julio pasado el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede) publicó un informe sobre libertad de expresión que más que hacer un nuevo recuento de la violencia contra periodistas, intentó mostrar lo que el Estado ha dejado de hacer para garantizar la seguridad y protección del periodismo.
El informe de Casede evaluó el trabajo que han hecho gobiernos estatales, congresos locales y fiscalías para tener un andamiaje jurídico –es decir leyes de protección–, mecanismos institucionales de protección y fiscalías especializadas que investiguen los delitos contra periodistas.
Ningún estado aprobó de acuerdo con el informe. (Leer informe aquí.)
Hace unos días la diputada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Bárbara Dimpna Morán Añorve presentó un proyecto de ley en el Congreso del Estado de Puebla, que desde el título marca un avance en lo relacionado con la protección de periodistas.
La legisladora por San Martín Texmelucan no presentó una ley de protección de periodistas, sino una ley de protección al ejercicio del periodismo.
No es diferencia menor, porque proteger la actividad profesional del periodismo implica de facto proteger a las personas que lo ejercen.
Las leyes vigentes sólo se han ocupado de proteger a quienes ejercen el periodismo, pero no garantizan que puedan seguir ejerciendo su actividad y por eso han fracasado.
El proyecto de la diputada Morán Añorve no busca crear un mecanismo de protección sino más bien hacer que funcione de mejor manera la Unidad Estatal de Protección que el gobierno de Puebla instaló el 18 de agosto de 2017, en cumplimiento del convenio de coordinación de los gobiernos estatales con el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. El gobierno de Puebla fue el tercero en instalar esa Unidad estatal.
Este proyecto de ley propone acciones específicas para que el gobierno del estado y los municipios garanticen el libre ejercicio del periodismo y se reduzcan escenarios adversos que favorezcan agresiones, precisamente, de parte de personas funcionarias publicas. Es un proyecto que sí considera la prevención de las agresiones.
Es un buen proyecto porque además incluye cinco derechos de periodistas:
- Secreto profesional
- Cláusula de conciencia
- Prohibición a la previa censura
- Acceso a las fuentes de información
- La protección ante agresiones.
Claro, el proyecto tiene sus deficiencias como repetir la mala definición de periodista que viene en la ley vigente a nivel federal y que ha permitido que haya personas que crean que son periodistas sólo por publicar algo en perfiles socio digitales.
La iniciativa de ley de protección al ejercicio del periodismo en Puebla tiene detalles perfectibles en cuanto a la definición de los derechos de periodistas, pero sin lugar a dudas es un proyecto de avanzada con respecto a otras propuestas que se discuten actualmente en otras entidades, como la mala iniciativa presentada también por Morena, en el Congreso del Estado de México.
El mismo día que la legisladora Morán Añorve presentó su proyecto en Puebla, me comuniqué con ella y me respondió de inmediato y mostró la mejor disposición de escuchar y de atender los comentarios que le hice en aras de enriquecer su proyecto, que insisto, es bastante bueno.
Necesitamos más proyectos como este y necesitamos más congresistas como Bárbara Morán Añorve, que acepta cualquier idea que sume a su proyecto.
Hay congresistas de Morena que deberían buscar a la diputada poblana Morán Añorve. Les ayudaría mucho platicar con ella.
Pueden contactarme en Twitter, a través de:
Andrés Solís A. es periodista, autor del “Manual de Autoprotección para Periodistas” y de la “Guía de Buenas Prácticas para la Cobertura Informativa sobre Violencia”.
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POB/LFJ
