OPINIÓN: Faltan protocolos de todas partes

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Este 9 de noviembre estaba reporteando en el sur del Estado de México, recuperando parte de de una historia violenta.

Un suceso ocurrido el 12 de diciembre de 1990, cuando simpatizantes del Partido de la Revolución Democráticas (PRD) se manifestaban ante el palacio municipal de Tejupilco y la protesta terminó en un enfrentamiento entre civiles y policías. Hubo varias personas muertas, muchas más lesionadas y una decena de policías desnudados en plena plaza pública.

Un colega local que no estuvo allí, me comentó que hubo pocos periodistas presentes que no pudieron hacer una cobertura en condiciones de seguridad y hasta me decía que si se repitiera, en tiempos actuales, sería mucho más peligroso pues es una región donde operan bandas del crimen organizado que le tirarían de balazos primero a los periodistas antes que a cualquier otra persona.

Metido estaba en estas conversaciones y viendo las fotos de hace 30 años, cuando las alertas del teléfono celular comenzaban a repiquetear con insistencia y es que en esos momentos se daba a conocer el asesinato de un reportero en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, quien fue recibido a balazos por sujetos desconocidos.

Por la tarde noche de este mismo lunes las alertas noticiosos se fueron al municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, donde una protesta social terminó en enfrentamiento y balacera que causó lesiones a dos periodistas.

En el mismo día recuperaba yo una historia de violencia que retrató similitudes con dos hechos violentos en contra de mis colegas.

Ambos hechos nos recuerdan que el clima de violencia contra el periodismo en México está lejos de extinguirse, pero también reiteran tres situaciones igualmente preocupantes.

Todos los niveles de gobierno hacen caso omiso a su responsabilidad de blindar y proteger el ejercicio profesional del periodismo. No hay protocolos de actuación de ninguna autoridad para saber cómo conducirse ante la presencia de periodistas y menos si es en entornos de conflicto, como el que vimos en Quintana Roo, justo en el municipio donde se encuentra Cancún.

En el Estado de México un grupo de periodistas envió al gobierno de estatal una propuesta de protocolo en este sentido, que ha sido ignorado desde agosto de 2019 y recientemente el ayuntamiento de la capital mexiquense, Toluca, tampoco ha querido retomarlo. Otros municipios ni siquiera han mostrado interés en conocerlo.

Las empresas de medio, incluyendo los medios públicos, siguen sin atender a su obligación de proteger a sus periodistas, de brindarles capacitación en autoprotección y coberturas de riesgo y sin siquiera incluir seguros de vida y gastos médicos como prestaciones laborales a las que deberían tener derecho.

Ni la empresa del reportero asesinado en Salamanca, ni las empresas de colegas que resultaron con heridas de bala en Cancún han dicho si se harán cargo de los gastos que significaron las agresiones; el funeral y una pensión a la familia por un lado y los gastos médicos y de hospitalización por el otro.

Como periodistas seguimos saliendo a la calle sin protocolos mínimos de seguridad personal y para coberturas de alto riesgo. En la mayoría de casos las y los periodistas no acuden a entrenarse en autoprotección; creen que los riesgos son gajes del oficio y por lo tanto no toman medidas de seguridad para cubrir ciertos hechos, especialmente si saben que pueden terminar en violencia y son producto de ella.

Mucho hablamos de que los mecanismos de protección son insuficientes; que las leyes de protección de periodistas están mal hechas y no garantizan la seguridad de periodistas ni el libre ejercicio de esta profesión.

Pero también es cierto que hay tres rutas en las que ni siquiera hemos podido avanzar y que podrían evitar muchas más agresiones y muertes sin necesidad de contar con leyes específicas ni oficinas públicas onerosas.

Pueden contactarme en Twitter, a través de:

Andrés Solís A. es periodista, autor del “Manual de Autoprotección para Periodistas” y de la “Guía de Buenas Prácticas para la Cobertura Informativa sobre Violencia”.

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POB/LFJ