A poco más de un año del asesinato de Ingrid Escamilla, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el 23 de febrero del 2021, el dictamen para reformar el Código Penal local, que castigará con cárcel a funcionarios que filtren fotos y/o datos de delitos, conocida como la Ley Ingrid.

Se impondrán de dos a seis años de prisión, y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a la persona servidora pública que, de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos, con uno o varios hechos señalados por la Ley como delitos”, establece la adición del Artículo 293 Quáter.

Es decir, cualquier persona servidora pública que difunda información reservada y/o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo relacionado con algún procedimiento penal, será sancionada con cárcel de dos a seis años y con una multa económica.

Además, la reforma señala que las sanciones previstas aumentarán en una tercera parte, si la información que se difunda es con el fin de deteriorar la dignidad de las víctimas o de sus familiares; se trate de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes; o que sea de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima.

El Congreso informó que el dictamen se construyó con las propuestas de iniciativas presentadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y por las diputadas Isabela Rosales Herrera, Gabriela Quiroga Anguiano y Ana Patricia Báez Guerrero.

¿Cómo surgió?

La Ley Ingrid apareció como una iniciativa tras el asesinato de Ingrid Escamilla, una mujer de origen poblano de 25 años, quien vivía en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México con su pareja.

Ingrid fue asesinada el 9 de febrero del 2020 por su pareja, Erick Francisco, de 46 años, quien fue encontrado cubierto de sangre junto al cuerpo desollado de la joven y, posteriormente, confesó lo que había hecho.

El caso fue muy sonado, ya que, imágenes del cuerpo de Ingrid tras el asesinato fueron filtradas por un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, junto con un video donde un policía interroga al detenido dentro de una patrulla.

Las imágenes eran completamente explícitas y salieron a la luz gracias a algunos medios de comunicación y se volvieron virales, gracias a la difusión que se tuvo en redes sociales.

Esto causó enojo e indignación, pues se acusaba de revictimizar a Ingrid y a sus familiares. Parte de la sociedad civil exigía respeto por la victima y que dejaran de difundir las imágenes.

Se creó una campaña para que las personas subieran imágenes bonitas con la leyenda de "Ingrid Escamilla", para abarrotaran las redes y dejaran de verse las fotos filtradas.

La Ley Ingrid busca erradicar la exposición pública o mediática de fotografías o videos explícitos de víctimas de algún delito.

 

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POB/PCL