Fiscalía de Puebla golpea y gasea a familiares de Zyanya

Familiares de Zyanya llegaron para pedir una audiencia con el fiscal Gilberto Higuera y lo que encontraron fue agresión por parte de policías y funcionarios.

Autoras: Karen Mojica y Lizeth Flores

Sin dignidad se ha tratado a familiares de una víctima de feminicidio. Al intentar hablar con el fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, familiares de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, defensores de los derechos humanos y periodistas, fueron agredidos por elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

Familiares de Zyanya llegaron para pedir una audiencia con el fiscal Gilberto Higuera y lo que encontraron fue agresión por parte de policías y funcionarios.

Foto: Juan Carlos Sánchez

Los familiares, asesora jurídica e integrantes del Observatorio Nacional de Feminicidio y reporteros fueron golpeados y gaseados usando el pretexto de que “no podían ingresar a las instalaciones”. Pero los manifestantes no querían eso; llegaron con la intención de solicitar una reunión con el fiscal y pedirle agilidad en la investigación del feminicidio de Zyanya.

Al ver a los manifestantes, comenzó a formarse una valla humana entre policías y ministeriales. Algunos sacaron teléfonos celulares y comenzaron a hostigar tomando imágenes de las personas manifestantes y de los integrantes de los medios de comunicación.

Iniciaron los empujones. Los policías comenzaron a desplazar a los reporteros y luego a los manifestantes.

¡No van a pasar! decían ¡suéltenlo! respondían los familiares. Los policías comenzaron a golpear y jalar al hermano y padre de Zyanya luego de que intentaran defender a la asesora jurídica y activistas que les acompañaban, pues los policías las empujaron con la intención de sacarlas de hacia las escaleras.

Ellas intentaron defenderse de las agresiones gritando que querían hacer un posicionamiento pacífico, pero los policías y personal de Fiscalía continuaron con la agresión.

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En ese momento, más activistas se sumaron a la protesta y sacaron una cadena y comenzaron a pegarse al portón para encadenarse. Ahí, la agresión se intensificó pues los policías al tratar de impedir esta acción, comenzaron a jalarlas del cabello, las patearon y golpearon.

Familiares y activistas se encadenaron a la reja de la Fiscalía y solicitaron hablar con el fiscal Higuera. Foto: Juan Carlos Sánchez

Personal de la Fiscalía que estaba viendo el hecho, ingresó a las instalaciones para sacar botes de gas pimienta. Al salir, comenzaron a rociar, primero hacia donde estaban los medios de comunicación y luego, hacia los familiares, activistas y personas que estaban encadenadas al portón.

El gas fue rociado por Martín Torres Medina, agente de investigación de Fiscalía, directamente a la cara de las personas que estaban encadenadas, sin que ellas pudieran defenderse o tratar de cubrirse. De inmediato, el gas hizo efecto. Con los ojos rojos, tosiendo y sin poder respirar, las mujeres encadenadas dieron la espalda a sus agresores y como pudieron, comenzaron a buscar algo para limpiarse.

Mientras sucedía esto, otros empleados de la Fiscalía estaban en un balcón observando la agresión de sus compañeros.

El resto de las personas afectadas se cubrían con la ropa y trataban de arrebatar los botes. Tras la rociada de gas, la persona que portaba una credencial que lo acreditaba como personal de Fiscalía les advirtió que se retiraran.

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Minutos más tarde, policías se apartaron del portón y parte del personal de Fiscalía ingresó a las instalaciones; solo quedaron algunos para vigilar y continuar grabando a los manifestantes.

Irinea Buendía recriminó al personal de la Fiscalía las agresiones. Foto: Juan Carlos Sánchez

En ese momento, la asesora jurídica de la familia dio un posicionamiento. Entre los afectados también se encontraba Irinea Buendía, una activista de la tercera edad a quien también le fue asesinada su hija, a quien empujaron y lastimaron al intentar sacarla del otro lado de la reja.

Nosotras llegamos pacíficamente e inmediatamente quisieron aventarnos. Nosotras no los agredimos, ellos fueron los que nos agredieron. Pero ese es el cuerpo de policías que tiene la Fiscalía General del Estado de Puebla”, denunció.

Tras la agresión, varias organizaciones defensoras de derechos humanos han condenado la agresión por parte de personal de la Fiscalía y exigieron al fiscal garantizar y proteger los derechos de los familiares víctimas de feminicidio, además de respetar la protesta social.

¿Qué pasó con Zyanya?

Zyanya fue encontrada sin vida en su domicilio el 15 de mayo de 2018, debido a que permanecía cerrado por las investigaciones que las autoridades perseguían como suicidio, aunque su familia asegura tener las pruebas de que se trató de un feminicidio.

En entrevista con Poblanerías, Patricia Becerril, madre de Zyanya, dijo que hace unos días el Ministerio Público les notificó sobre una audiencia que se realizó y a la que ellos no fueron convocados.

En esa audiencia, se acordó con los dueños de la casa donde Zyanya murió, devolvérselas. La familia pidió a las autoridades que al menos pudieran ir a retirar sus pertenencias así como otros objetos que consideran pueden ser considerados prueba de que ella no se suicidó.

La familia asegura tener pruebas necesarias para confirmar que la carta póstuma que supuestamente dejó Zyanya, en realidad no fue escrita por ella, sino que alguien más intentó imitarla.

Su letra fue simulada. Hay cuatro médicos forenses que han revisado la necropsia realizada por los propios peritos de la Fiscalía, donde señala que la vividez de su cuerpo no corresponden a un cuerpo en suspensión. También hemos colaborado por más de año y medio a pagar la renta (de la casa donde vivía Zyanya) con tal de que el inmueble estuviera resguardado y se pudieran llevar a cabo las diligencias necesarias, pero no fue resguardado en su totalidad”, comentó Patricia Becerril.

Dijo que su exigencia viene de saber que, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica que toda muerte violenta de mujer se debe investigar como posible feminicidio, se logró una sentencia de amparo para que el caso lo investigue el MP con perspectiva de género, pero denuncian que no ha sido así.

 

 

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POB/LFJ