Los conflictos legales y familiares que envuelven a la familia Jenkins de Landa, por la administración del patrimonio de la fundación Mary Street Jenkins, alcanzó a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
El 29 de junio, elementos de la policía estatal y auxiliar de Puebla tomaron las instalaciones de la UDLAP, tras una orden judicial para que un nuevo patronato se instalara, alegando que los miembros del actual, integrado por los Jenkins de Landa, cuentan con órdenes de aprehensión por lavado de dinero.
La toma ¿legal?
Este nuevo patronato fue nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación del gobierno estatal de Puebla. Y para poder ingresar a la institución educativa, llevó a cabo un operativo donde participaron elementos equipados con armas largas de la policía estatal y auxiliar de Puebla.
El uso de la fuerza pública, ha causado indignación dentro de la comunidad universitaria, por considerarlo una invasión. A opinión de Juan Manuel Aguilar, integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C. (CASEDE), en la toma de la Universidad no se agotaron las instancias legales antes de recurrir al uso de la fuerza policíaca estatal.
“Esta acción no está completamente dentro de un aparato de legalidad. Esto causa muchas polémicas porque, al haber el decomiso de un inmueble –y otro tipo de procedimientos– primero hay, por ejemplo, notificaciones, hay avisos para la clausura de actividades”.
En entrevista con Poblanerías, Juan Manuel Aguilar consideró que, si el inmueble de la Universidad de las Américas Puebla está bajo un litigio por desvío de recursos, antes de recurrir a la fuerza policíaca, la primera intervención pudo haber venido del Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante notificaciones o exhortos.
“Alguien que podía estar más facultado que la policía estatal, en primera instancia para decomisar y clausurar instalaciones; y poder tomarlas como posesión dentro del litigio, podría ser la parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) pero incluso, eso está sujeto a debate porque hay trabajadores, hay estudiantes y un sin fin de actores que tienen relación y que dependen del ámbito estudiantil y laboral de la UDLAP”.
La disputa por administrar los bienes
El pleito de la familia Jenkins de Landa tiene casi una década. El conflicto entre los hermanos –principalmente Guillermo y Roberto– por bienes inmuebles y contratos de servicios brindados a la Universidad.
El patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins está compuesto de la herencia de William O. Jenkins, quien fue el hombre más rico de México de mediados del siglo XX. Su fortuna se hizo en Puebla donde tuvo negocios en los sectores textiles, del azúcar y del cine.
Entre estos, está la construcción y administración del centro comercial El Triángulo, así como de la Torre UDLAP Jenkins Graduate School en Ciudad de México, ambos proyectos hechos con dinero de la Fundación Mary Street Jenkins para generar más utilidades; los cuales crearon roces entre los hermanos pues Guillermo acusa a Roberto de aprovechar y obtener beneficios personales.
Estos conflictos condujeron a la expulsión de Guillermo Jenkins de Landa de la fundación y a ser señalado por sus familiares de haberse “coludido con otras personas” para denunciar penalmente a su madre y hermanos.
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En entrevista con Poblanerías, Andrew Paxman, historiador del CIDE y autor del libro “En busca del señor Jenkins”, retrata a William O. Jenkins como un emprendedor que estuvo “en el lugar correcto, en el momento correcto”.
Cuenta que construyó su fortuna durante seis décadas. La primera fortuna la hizo en el sector textil –en 1905– donde dominó al importar maquinaria estadounidense y tomar así ventaja sobre sus competidores.
Su segunda fortuna se hizo con la Revolución Mexicana donde, a cambio de “préstamos predatorios”, obtuvo haciendas que después vendió al quintuplicar su valor. La tercera fortuna ocurrió alrededor de 1920, al tener el Sistema Azucarero de Atencingo, en el valle de Izúcar, y que se convirtió en el ingenio más importante del país.
Con ese capital, decidió invertir en la banca y el cine. A finales de la década de los 30 y hasta los 60, logró controlar el 80% de las salas de cine del país y así se mantuvo hasta la expropiación de la industria cinematográfica, durante el sexenio presidencial de Adolfo López Mateos.
El talón de Aquiles
En la entrevista, Andrew Paxman, historiador del CIDE y autor del libro “En busca del señor Jenkins”, resalta dos elementos importantes: la constitución de la Fundación Mary Street Jenkins en 1954 y el testamento de William O. Jenkins en 1958 donde confirma que, la gran mayoría de su fortuna será donada a obras de beneficencia en México, principalmente, pero no exclusivamente, “en Puebla”; y también principalmente, pero no exclusivamente “a favor de los que tienen menos”.
“Invertir en bienes raíces en el modelo sajón de las fundaciones, no hay nada extraño en eso. En México no era tan común, así que fácilmente se generaron las malas noticias que lo vieron críticamente (…) entraron en un área ética gris en cobrar un negocio de los Jenkins con dinero de la fundación”.
Este modelo sajón, explica Paxman, opera en “regalar” el dinero generado por sus actividades comerciales y es un modelo que introdujo William O. Jenkins en el 54, que fue establecido sobre los lineamientos de fundaciones como Rockefeller y otras.
“El modelo sajón es invertir o usar los bienes que existen como fundación y que va a generar utilidades para siempre y esas utilidades son las que se donan a obras caritativas. El capital no se gasta, se conserva y se usa en formas de cuentas bancarias, acciones en el mercado o bienes raíces, porque a largo plazo, es la inversión que rinde más”.
Para el historiador, el “talón de Aquiles” de la Fundación es la falta de una reglamentación para el uso de bienes raíces para generar recursos filantrópicos.
“Las leyes que rigen las fundaciones en México no tienen claridad sobre bienes raíces. Cuando estaba en la última etapa de mi libro encontré que cuando Jenkins estableció la fundación [en 1954] Antonio Carrillo Flores, entonces secretario de Hacienda, le dio aprobación personal a Jenkins para que pudiera meter sus bienes raíces, en este caso los cines –los terrenos y edificios de los cines– en una fundación para que sus utilidades generaran los futuros donativos de la fundación. Le dio una aprobación a nivel personal, de tú a tú, pero nunca hubo un cambio de ley que lo permitiera”.
Es por eso que el gran patrimonio de los Jenkins está repartido en bienes inmuebles, la mayoría ubicados en Ciudad de México y Puebla, y lugares donde estaban establecidos los cines. Dichos recursos, por ahora, son administrados por el patronato integrado por los bisnietos de William O. Jenkins y son objeto de la disputa, 67 años después.
En 2013, la Fundación Mary Street Jenkins cambió su domicilio y operaciones al estado de Jalisco para “proteger su patrimonio” y evitar que gobernadores echaran mano de los recursos; además, la familia dijo ser “perseguida” por Rafael Moreno Valle, a quien acusaron de querer quedarse con los recursos, según escribe la propia fundación en su sitio web.
Sin embargo, la realidad es que, pese a esos señalamientos, la fundación aportó parte del capital con el que se construyó una de las obras morenovallistas: el Museo Barroco.
A partir del 2013, surgen más conflictos en la administración de la fundación y que han servido como base en los alegatos judiciales. Por ejemplo, Guillermo Jenkins de Landa acusa “la más grande defraudación cometida en perjuicio de la beneficencia privada en la historia de este país”.
Y es que el patrimonio de la Fundación, terminó entre Barbados y Panamá. Guillermo Jenkins acusó ante la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla que la Fundación Mary Street Jenkins donó 720 millones de dólares a la Fundación Bienestar de la Filantropía, quien a su vez trasladó el dinero a Barbados; y que dicha fundación fue constituida por abogados allegados a la familia.
La otra guerra: las declaraciones
La pelea escala a la guerra de declaraciones entre los abogados de la Fundación Mary Street Jenkins y de los integrantes del patronato: Virgilio Rincón; y de Guillermo Jenkins de Landa: Carlos Serna.
En diferentes espacios mediáticos, ambos abogados han replicado uno al otro sobre la toma de la universidad. Por ejemplo, Virgilio Rincón ha expuesto que se trata de un acto ilegal pues la universidad cuenta con un amparo contra la privación de bienes y derechos, otorgado en mayo de 2021.
Este amparo, dijo, es a efecto a de que los patronos no sean removidos y “no se intervenga en la administración, contabilidad o cualquier acto de privación de bienes y derechos de la universidad”. También acusó a Guillermo de Jenkins de estar detrás de la toma.
Declaró que la toma no legitima el actuar de la autoridad, pues los bienes de la Fundación Mary Street Jenkins, incluida la UDLAP están bajo la jurisdicción del estado de Jalisco.
“La Junta de Gobierno no tiene jurisdicción alguna sobre las fundaciones de la familia Jenkins porque todas están domiciliadas fuera del estado de Puebla. Lo que seguiremos viendo son actos arbitrarios y no reconocemos, en absoluto, al grupo de personas que supuestamente designa la Junta del Gobierno de Puebla”.
En respuesta, Carlos Serna, abogado de Guillermo Jenkins de Landa, ha negado que su cliente esté detrás de la toma de las instalaciones y asegura que el operativo llevado a cabo fue por decisión de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada, aunque afirma que sí se ha recurrido a esta autoridad para solicitar su intervención en el conflicto legal.
Señaló que este conflicto no es un pleito familiar, sino institucional en el que su cliente pide la investigación contra el patronato por el mal manejo y no para quedarse con el dinero. El único fin, dijo, es que la Fundación Mary Street Jenkins “recupere su patrimonio”.
¿Y qué dice la Ley?
El artículo 114 de la Ley de Instituciones de Beneficencia Privada para el Estado Libre y Soberano de Puebla indica que la Junta: “podrá ordenar todas las visitas auditorías e inspecciones que sean necesarias para comprobar si los objetivos de las Instituciones están siendo realizados y si se cumple con los preceptos de esta Ley”.
Sobre este tema, Juan Manuel Aguilar opinó que la toma de la universidad, por parte de la policía, muestra una parte del “nuevo autoritarismo”, ya que no era necesario el tipo de armamento que se utilizó en el operativo porque no hay una proporcionalidad.
“Este tipo de operativos suelen llevarse a cabo cuando existe resistencia de alta peligrosidad. Por ejemplo, si llega a haber casos mediante los cuales, gente proteste con palos, bombas molotov, pues se justifica parte del equipo táctico que maneja la policía estatal. Eso es lo que se llama el principio de proporcionalidad”.
Explicó que el uso de armamento empleado suele justificarse cuando existen conflictos de alta peligrosidad, es decir, cuando existe resistencia, por ejemplo, en el caso que un grupo de trabajadores se hubiera antrincherado o hubiera mostrado oposición a que se tomara el inmueble.
“El uso de la fuerza tiene otro principio que se llama progresividad y va escalando las medidas del uso de la fuerza que se tienen que utilizarse. Hay medidas que son avisos orales, otros son de contención con medidas físicas, y otro el uso de armas. Pero en este caso, no había ninguna resistencia de alta peligrosidad, no hubo ninguna agresión documentada por parte de seguridad privada, que hubiera hecho se justificara el uso de armamento”.
Lo anterior, dijo, crea esquemas autoritarios en los cuales, la fuerza policíaca está a expensas de intereses políticos y se utiliza sin agotar las instancias legales antes de que fuera necesario ocupar el inmueble.
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POB/JCSD
