Este 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, en el que cientos de mujeres alrededor del mundo marchan contra la criminalización del aborto en Latinoamérica y el Caribe.
Este 2021, la marcha partió desde San Francisco, con rumbo a las instalaciones del Congreso local. La protesta tiene un punto clave: se lleva a cabo tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la criminalización del aborto.
Lo anterior obliga a las y los jueces de México a considerar que son inconstitucionales las normas penales de los Estados que criminalicen el aborto.
Es decir, los artículos que indiquen sanciones penales quedarán sin efecto. Actualmente, el artículo 339 del Código Penal de Puebla señala que el aborto es: “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”.
A la par de la marcha en la ciudad de Puebla, por primera vez, los municipios Chietla y Acatlán de Osorio se suman a movilizaciones feministas por la interrupción legal del embarazo. También se reportan movilizaciones en los municipios de Chignahuapan, Zacatlán e Izúcar de Matamoros.
¿Qué pasará con las mujeres que, actualmente, estén presas por aborto? De acuerdo a la Secretaría de Gobernación (Segob) federal, se trabaja desde el ámbito de su competencia dentro del Sistema de Justicia Penal para que sean liberadas.
Lee también: Hay al menos 11 mujeres con proceso penal por aborto en Puebla
En entrevista con Poblanerías, Natalí Hernández, directora del Centro de Análisis Formación e Iniciativa Social (CAFIS, AC) opinó que aunque el fallo no obliga de inmediato a la liberación de mujeres procesadas por aborto, abre la posibilidad para que se promuevan recursos a su favor.
Basada en la solicitud de información 00177019 hecha al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (TSJE), dijo que de 2009 a 2019, 11 mujeres fueron sentenciadas por el delito de aborto.
Mientras que, de enero de 2019 a junio de 2021, se tiene registro de 14 mujeres, según información de la Fiscalía General del Estado.
—
POB/LFJ
