La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) exhortó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos abstenerse de iniciar una investigación sobre el caso del bebé de tres meses hallado sin vida en un basurero del penal de San Miguel.
A través de un comunicado, la CDH justificó la petición señalando que, en dicho caso, “no se encuadran en ningún momento infracciones graves a los derechos humanos”.
Argumentó que, si bien existe un homicidio, por ahora “se desconocen las causas del fallecimiento”; por esa razón, el organismo estatal investiga dichas causas como línea principal.
Además, dijo que “en el asunto que nos ocupa no se encuentran involucradas autoridades de carácter federal”, por lo que “es competencia exclusiva de la Comisión Estatal”.
🗒️ #Comunicado | La #CDHPuebla exhorta a la @CNDH se inhiba de conocer de los hechos ocurridos en el Centro de Reinserción Social San Miguel de Puebla, donde fue encontrado sin vida un bebé de 3 meses de edad. pic.twitter.com/be6A9gyHL1
— CDH Puebla (@CDHPuebla) January 19, 2022
Lo anterior debido a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que había determinado ejercer su facultad de atracción del caso, para iniciar una investigación amplia y exhaustiva.
Por eso, solicitó medidas cautelares a las autoridades responsables de los Centros Penitenciarios del estado de Puebla, así como a la Fiscalía General del Estado.
No obstante, en el comunicado, la Comisión Estatal señala que, por ahora, no ha sido notificada sobre la atracción de la Comisión Nacional.
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El hallazgo del cadáver de un bebé, de aproximadamente tres meses de edad, fue difundido por varias organizaciones enfocadas al cuidado y protección de la niñez en México.
Así, organizaciones como Reinserta y Save The Children exigieron el esclarecimiento de la muerte, pues, debido a las condiciones en las que se encontró el menor –que presentaba una incisión en el abdomen– sospechan que pudo haber sido utilizado para el ingreso de droga al penal.
Para la Comisión Nacional, el Centro de Reinserción Social (CERESO) de San Miguel es una “alerta”, debido a que, durante las visitas de supervisión penitenciaria, se observaron “importantes irregularidades” en el rubro de gobernabilidad. Por ejemplo, existe autogobierno por parte de las personas privadas de la libertad, hay insuficiencia de personal de seguridad y custodia, entre otras.
Esta situación ha generado que, durante los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria, elaborados del 2015 al 2020, el CERESO tenga calificaciones por debajo o mínimas de 7.
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POB/LFJ
