La Comisión de los Derechos Humanos de Puebla (CDH) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) en municipios del Estado de Puebla.

De acuerdo con el comunicado emitido por la CDH, cobrar el DAP trasgrede los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria que se encuentran en la Constitución Mexicana.

El comunicado no indica cuántos municipios abarca esta acción de inconstitucionalidad.

Según la Comisión, esta contribución no tiene la naturaleza de derecho, sino de un impuesto que grava el consumo de energía en una casa o negocio.

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En algunos de los municipios más pequeños del estado, el cobro del DAP ascendía a los 400 pesos bimestrales, mucho más de lo que las personas pagaban anteriormente en sus recibos de luz.

El pasado mes de diciembre, la mayoría de Presidentes Municipales se reunieron en Puebla con Miguel Barbosa, Gobernador del Estado quien les habría dado "la fórmula correcta" para cobrar el DAP. Sin embargo, esta fórmula ya está siendo impugnada.

Algunos municipios renunciaron a cobrarlo

Pero no únicamente la Comisión de Derechos Humanos ha reclamado por el cobro de este derecho, pues se han realizado diversas movilizaciones sociales en algunos municipios de Puebla para protestar por el cobro de este derecho.

Por ejemplo, San Sebastián Zinacatepec bloquearon la carretera que comunica a Tehuacán con Teotitlán para exigirle al Presidente Municipal que no cobrara este derecho. Sin embargo los manifestantes fueron retirados por la Policía Estatal y no fue atendida su petición.

Mientras tanto, en Santiago Miahuatlán las manifestaciones de sus ciudadanos rindieron frutos, pues tras una protesta el pasado 14 de enero, su presidente municipal, Omar Toledo manifestó que ya no se cobrará este derecho en este municipio de aproximadamente 30 mil personas.

Puebla capital busca cobrar el DAP

El Ayuntamiento de Puebla también presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, pues el Congreso del Estado no permitió que durante el 2022 se cobrara este derecho en el municipio.

La acción fue presentada el pasado miércoles 26 de enero, pues el Ayuntamiento argumenta que este derecho lleva cobrándose en Puebla más de 30 años y este ingreso permite financiar más proyectos públicos.

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POB/RPC