Este 1 de febrero, el Poder Judicial del Estado de Puebla resolvió que “deben generarse las condiciones para reanudar las actividades presenciales” en el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

En un comunicado, el Poder Judicial señaló que, la resolución se da en la audiencia que solicitó la Fundación Mary Street Jenkins, a cargo del nuevo patronato nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla.

Según se informa, Magally Escamilla, jueza de Control, exhortó que “deben regresar las actividades presenciales”, sin ningún tipo de empleo de la fuerza pública.

De hecho, el pasado 4 de noviembre de 2021, las fundaciones Mary Street Jenkins y Universidad de las Américas, cuyo patronato es presidido por la familia Jenkins de Landa, obtuvieron una suspensión definitiva a su favor para que le sea regresado el control del campus.

Dicha resolución, emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil en Puebla, ordenó devolver el campus de la UDLAP y restituir al estado en que se encontraban hasta antes de la toma del 29 de junio de 2021.

Ahora, la jueza de Control pide al personal administrativo y docente de la UDLAP, así como la SEP, a que propicien la “apertura de las instalaciones” y condiciones de acceso, sin que se mencione sobre la restitución del patronato de los Jenkins de Landa.

Mientras tanto, estudiantes de la UDLAP bloquearon tramos de la Recta a Cholula y Periférico, en protesta para la liberación del campus.

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El Poder Judicial informó esta decisión alrededor de las 18:00 horas de este 1 de febrero; por ahora, la UDLAP no ha dado una postura sobre la resolución del Poder Judicial de Puebla.

Esta resolución ocurre a siete meses de la toma del campus de la UDLAP por un conflicto legal por la disputa del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, valuado en 720 millones de dólares.

Precisamente, este 1 de febrero de 2022, tras la comparecencia de Melitón Lozano Pérez, secretario de Educación Pública en Puebla, en el Congreso local, el conflicto de la UDLAP fue cuestionado por diputados.

Mónica Rodríguez Della Vecchia, del Partido Acción Nacional, señaló la intervención del gobierno del estado en el conflicto de la UDLAP, asegurando que la policía estatal mantenía el control. En contraste, Nora Merino Escamilla, del Partido del Trabajo, aseguró que se trata solo de un “conflicto entre particulares” y ambas acudieron para demostrar su punto.

Sobre la entrada principal, los diputados del PAN corroboraron que las instalaciones se mantienen cerradas a la comunidad estudiantil, aunque no se observa presencia de elementos de la policía estatal dentro del campus; por su parte, Nora Merino acudió a la entrada de la 14 oriente, donde señaló que solo se encuentran vigilando elementos de seguridad privada.

 

 

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POB/LFJ