Violaciones a los derechos humanos, como lo es el trato digno de un cuerpo, aunado a tratos denigrantes y revictimización, se registraron en el caso del bebé Tadeo, encontrado en un contenedor de basura en el penal de San Miguel en Puebla.
De acuerdo al análisis técnico La responsabilidad del Estado mexicano en el caso del niño Tadeo, que realizó el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la IBERO Puebla, la primera violación a los derechos del menor fue la exhumación de su cuerpo.
En ese sentido, expone que se vulneró el derecho a la seguridad jurídica por tratarse de una injerencia arbitraria, aunado al incumplimiento de un deber legal por parte del personal penitenciario, sin dejar de lado la violación al trato digno de su cuerpo desde el primer momento.
“Ambas violaciones tienen alcance a los derechos humanos de sus familiares al traducirse en un proceso de revictimización y extensión del sufrimiento derivado del propio fallecimiento de su hijo, implicando así una violación tanto a la integridad personal”, explica el análisis.
Asimismo, enfatiza que, si bien ya se detuvo a distintas personas en Puebla, aun no hay una teoría o explicación para conocer el motivo por el cual se exhumó el cuerpo, se trasladó y se ingresó al penal.
Por todo el caso, señala que “el Estado falló en su deber de debida diligencia en la prevención o protección de las violaciones a derechos humanos”, sobre todo al haber participado servidores públicos y que no se realizarán los controles de vigilancia y revisión necesarios para el ingreso y egreso al penal.
“Tal seguridad debía implementarse de forma reforzada en el CERESO de Puebla considerando los datos reportados anualmente por la CNDH que denotan la ausencia de condiciones de gobernabilidad a interior del Centro visible a través de la insuficiencia de personal de seguridad, presencia de actividades ilícitas y cobros irregulares”, apunta.
Lo anterior, lo dice basándose en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, que realizó al Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que señala que Puebla tiene una de las perores calificaciones en cuanto a penales, con 6.03 puntos, de hecho ocupa el cuarto lugar por debajo de Veracruz (5.94), Guerrero (5.92) y Tamaulipas (5.42).
En ese documento de la CNDH, se hizo las siguientes observaciones para el penal de San Miguel, específicamente:
- Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos.
- Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.
- Insuficiencia de personal de seguridad y custodia.
- Presencia de actividades ilícitas y cobros.
- Deficiente separación entre procesados y sentenciados.
¿Qué dicen las autoridades en Puebla?
Hasta este 15 de febrero de 2022, las autoridades poblanas permanecen diciendo que “ya se esclareció el caso”, esto lo reiteró el fiscal Gilberto Higuera Bernal al comparecer ante el Congreso del Estado de Puebla.
En ese sentido, mencionó que el cuerpo del bebé Tadeo llevaba 24 horas en el contenedor de basura al momento que fue hallado. Además, aseveró que el caso se dio por “una disputa de los internos por el control del penal”.
El pasado 9 de febrero, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que las cinco personas detenidas relacionadas con haber ingresado el cuerpo de un bebé al CERESO de San Miguel fueron vinculadas a proceso.
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POB/KPM
