La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó las autorizaciones que dio el Gobierno del Estado a mineras en la comunidad nahua Tecoltemi, en Ixtacamaxtitlán, Puebla, pues se dieron sin realizar previamente una consulta indígena.

De acuerdo a la SCJN, por tal motivo determinó que las autoridades mexicanas están obligadas a hacer efectivo el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas cuando se emitan títulos de concesión minera que afecten su territorio.

En ese sentido, con el amparo concedido a la comunidad indígena, se procede a dejar sin efectos los títulos de concesión minera otorgados a la empresa privada Almaden Minerals, con el objeto de llevar a su actividad en dicha zona, debido al incumplimiento al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la consulta previa.

Estimó que la falta de previsión expresa de la consulta a los pueblos y comunidades indígenas en la Ley Minera no implica su inconstitucionalidad porque tal prerrogativa, de carácter constitucional y convencional, es oponible a todas las autoridades, independientemente de su reconocimiento o no en una ley ordinaria”, explica.

Aunado a lo anterior, refirió que los artículos impugnados no violentan el derecho de tales comunidades y pueblos indígenas a disponer, usar y disfrutar de su territorio, por ende se concedió la protección federal a los solicitantes de amparo para dejar insubsistentes los títulos de concesión minera otorgados al haberse emitido, afectando parte de sus tierras sin haberse realizado la mencionada consulta.

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Si bien, se invalidaron los permisos, la Secretaría de Economía puede volver a otorgarlos, aunque esta vez siguiendo el protocolo señalado por la ley, según informó el SCJN.

En 2019, la comunidad nahua de Tecoltemi ganó un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Economía por haber entregado dos concesiones mineras sobre su territorio, sin consulta ni consentimiento.

Se otorgó el amparo y protección de la justicia, reconociendo no solo la violación al derecho a la consulta, sino también al consentimiento previo, libre e informado, y determinando que las concesiones mineras, cuya titular es la canadiense Almaden Minerals, “devienen ilegales, porque fueron otorgadas sin tomar en cuenta la opinión de la comunidad indígena afectada”.

Las dos concesiones se otorgaron en 2003 y 2009, respectivamente, donde se implicaba el uso de 14 mil 229 hectáreas en Tecoltemi, comunidad con aproximadamente 300 habitantes; sin embargo, fue de su conocimiento hasta 2015.

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POB/KPM