En Puebla se prepara una reforma al artículo 422 del Código Penal del Estado, con el propósito de aplicar la Ley Ingrid y castigar con hasta 10 años de prisión al que difunda imágenes de cadáveres o circunstancias de muerte, especialmente en víctimas de feminicidio.
De acuerdo al Congreso del Estado de Puebla, la iniciativa señala que se establecerá que se prohíba que:
“(…) alguien fotografíe, videograbe, audiograbe, entregue, audios, videos, documentos o información reservada del lugar o evidencia de personas que hayan sufrido violencia física o sexual, de cadáveres o de circunstancias de la muerte.”
En ese sentido, la pena por dicho delito será de cuatro a diez años de prisión, así como una multa de 100 a 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que hasta mayo de 2022 representa desde 9 mil 622 y hasta 14 mil 433 pesos.
Pero, si se trata de mujeres, niños, niñas o adolescentes, las sanciones podrán incrementar hasta en un 50 por ciento, de acuerdo a la propuesta presentada por la diputada Nora Merino Escamilla.
El Pleno de la LXI Legislatura del Congreso del Estado recibió y turnó a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia la propuesta para reformar el artículo 422 del Código Penal del Estado.
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En febrero de 2021, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen para reformar el Código Penal local, que castigará con cárcel a funcionarios que filtren fotos y/o datos de delitos, conocida como la Ley Ingrid.
En ese caso, la ley señala que “se impondrán de dos a seis años de prisión, y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización”, equivalente a 48 mil 110 y hasta 96 mil 220 pesos.
¿Cómo surgió la Ley Ingrid?
La Ley Ingrid apareció como una iniciativa tras el asesinato de Ingrid Escamilla, una mujer de origen poblano de 25 años, quien vivía en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México con su pareja, Erick Francisco.
Ingrid fue asesinada el 9 de febrero del 2020 por Erick Francisco, de 46 años de edad, quien fue encontrado cubierto de sangre junto al cuerpo de la joven y, posteriormente, confesó lo que había hecho.
Imágenes del cuerpo de Ingrid, tras el asesinato, fueron filtradas por un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, junto con un video donde un policía interroga al detenido dentro de una patrulla.
Las imágenes eran completamente explícitas y se difundieron en redes sociales. Esto causó enojo e indignación, pues se acusó de revictimizar a Ingrid y a sus familiares.
Se creó una campaña para que las personas subieran imágenes bonitas con la leyenda de “Ingrid Escamilla”, para abarrotaran las redes y dejaran de verse las fotos filtradas.
Por ello, la Ley Ingrid busca erradicar la exposición pública o mediática de fotografías o videos explícitos de víctimas de algún delito.
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POB/KPM
